El paro contra la Justicia

"Hay que decirlo de una vez: lo que está ocurriendo en la Justicia colombiana es una burla casi macabra a la Constitución y al país en general, que deja en duda la vigencia de una institución vital para la democracia".

Decenas de miles de audiencias represadas, de procesos retenidos y de acusados que deben ser dejados en libertad, mientras los colombianos aguardan que el Estado haga respetar sus derechos. Esa es la consecuencia que le queda al país por el paro que promueven algunos de los empleados de la rama judicial en Bogotá.Cabe anotar que en sus orígenes, el movimiento tiene una explicación. Es que el constante forcejeo de recursos entre la Justicia y el Ejecutivo amenazó con dejar en la calle a miles de jueces y funcionarios encargados de descongestionar ese, el principal servicio público del Estado, lo cual significaría volver al infarto que padece por la enorme acumulación de procesos que iba camino a convertir en fallida la administración de Justicia en Colombia.Pero sucede que a esa petición se le han sumado otras. En esa forma, si bien el acuerdo entre el Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno Nacional permitió conseguir los $48.000 millones que se necesitan para pagar los cargos de descongestión que hayan cumplido su trabajo, el paro continuará. Y como ha ocurrido cada año por esta época, aún no hay un juez o tribunal que lo declaré como ilegal por ser un servicio público esencial, de acuerdo a la Constitución Nacional.Quienes promueven el paro saben de esa prohibición y conocen el daño que le están haciendo a la sociedad. Pero no se inmutan, porque saben que al final, el acuerdo que logren tendrá un perdón por sus acciones. Es como si hubieran logrado una especie de inmunidad, causada en este caso por la inexplicable resistencia a resolver los problemas de la Justicia.Y, claro, los procesos seguirán detenidos mientras los jueces y funcionarios continúan devengando sus salarios. Hasta que llegue la vacancia judicial a mediados de diciembre, momento en el cual se paralizan los procesos hasta finales del siguiente enero. Lo cual debe significar un represamiento aún mayor de la Justicia. Eso ha ocurrido siempre, sin que los organismos de control y vigilancia actúen para proteger el interés general. Y sin que sea posible establecer un juicio, aunque sea de responsabilidad política, por los daños que unos pocos funcionarios le han causado a la Nación. Hay que decirlo de una vez: lo que está ocurriendo en la Justicia colombiana es una burla casi macabra a la Constitución y al país en general, que deja en duda la vigencia de una institución vital para la democracia. Y aunque con muchas y señaladas excepciones, es el desconocimiento rampante de los derechos de los ciudadanos que deben ser protegidos por quienes se especializaron en paralizarla para lograr prebendas que se ocultan bajo el conveniente ropaje de reivindicaciones justas.Por eso, ya va siendo hora de que se haga una revisión a fondo de la Justicia colombiana. No puede ser que el argumento de la falta de recursos y el forcejeo entre las dos ramas del poder público termine siendo la disculpa perfecta para pisotear el Estado de Derecho y para desconocer las obligaciones que tienen los jueces y funcionarios afiliados a Asonal Judicial con el país y los ciudadanos.