El nuevo Fiscal

Designado al fin el nuevo Fiscal General de la Nación, lo que sigue es darle un espacio para que conozca a fondo la entidad que tiene papel fundamental en el combate a la delincuencia. Y tratar de impedir que la polarización de la política tanto como las polémicas que se acostumbran en Colombia se atraviesen en la necesidad de tener una Justicia penal eficiente y certera.

Por los medios de comunicación se han conocido la trayectoria del doctor Francisco Barbosa. Es esa carta de presentación, en la cual no existen tachas y por el contrario hay posiciones destacables como su defensa de la Justicia transicional, la que llevó a los magistrados de la Corte a elegirlo como cabeza de una entidad fundamental para la institucionalidad.

Lo que se espera ahora es que el nuevo Fiscal asuma los deberes propios de su cargo, como dirigir el organismo encargado de investigar todos los delitos, el de agilizar los procesos o definir la situación de los miles de ciudadanos vinculados a los expedientes. Además, tiene que guiar una entidad con veinticinco mil funcionarios y coordinar las acciones contra la delincuencia con las demás entidades que deben responder por la seguridad y la tranquilidad de cuarenta y ocho millones de ciudadanos.

Son pues labores de gran calado que no pueden mirarse desde la óptica simplista de su filiación política, de su procedencia partidista o de su amistad con el señor Presidente de la República. Más aún, cuando una de las razones de la persistente violencia que azota a nuestro país está en las dificultades para aplicar la justicia que se requiere y las limitaciones presupuestales y de todo orden que, no se puede desconocer, afectan la labor de la Fiscalía.

En medio de ese panorama, lo que más se destaca es la crisis que afecta casi desde sus inicios el sistema acusatorio y la a veces inexplicable reticencia a tomar las decisiones y aplicar los correctivos que se requieren con urgencia. De ella se desprenden las alarmas que con frecuencia se encienden cuando se presenta la posibilidad de liberar a miles de detenidos acusados de delitos que no son tramitados con la celeridad, y cuando no se encuentra la consistencia que se ofreció en las épocas en las cuales se anunció ese sistema como la solución a la morosidad de una Justicia limitada por los formalismos que entonces la aprisionaban.

Además de restarle legitimidad a la Fiscalía, una de las peores consecuencias de esa crisis es la impunidad que ahoga miles de procesos o la dificultad para cumplir los términos y llevar a cabo los procesos que se requieren para combatir las innumerables formas de delincuencia que hoy existen. Y la corrupción innegable que en muchas ocasiones se atraviesa al cumplimiento de la misión que le encomendó la Constitución.

Por supuesto, enfrentar esa realidad no implica dejar de lado los procesos que tiene a su cargo el organismo. Pero para ello debe existir la voluntad nacional de apoyar al nuevo Fiscal por encima de las consideraciones partidistas, de fortalecer a la Fiscalía y de exigir los resultados y los cambios que demanda nuestra nación.