El marco jurídico

la Corte recalcó los requisitos que no pueden omitirse: “la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de menores”. Eso es lo que la inmensa mayoría de los colombianos reclaman, y lo que aún no queda claro cuando se escuchan las proclamas diarias de los voceros de la guerrilla.

Valió la pena la expectativa sobre el fallo de la Corte Constitucional con respecto a la ley estatutaria que creó el Marco Jurídico Para la Paz, herramienta principal del Gobierno para dar vía libre a las negociaciones que adelanta con las Farc en La Habana. A partir del fallo de la Corte debe quedar claro que aceptar la aplicación de la llamada justicia transicional como medio para lograr un acuerdo que dé fin al conflicto con la guerrilla no implica aceptar la impunidad que reclaman los negociadores de las Farc. Con claridad que despeja cualquier controversia, el Alto Tribunal dijo que sí es posible adoptar excepciones a la justicia ordinaria siempre que el Estado se comprometa a “respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas”. En ese orden de ideas, la Corte recalcó los requisitos que no pueden omitirse: “la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de menores”. Eso es lo que la inmensa mayoría de los colombianos reclaman, y lo que aún no queda claro cuando se escuchan las proclamas diarias de los voceros de la guerrilla. Ni siquiera el tímido y fugaz reconocimiento que hicieron hace pocos días es motivo suficiente para estar tranquilos. Y con respecto a las Farc, cuya retórica diaria sólo ha contribuido a crear temores y desinformaciones, el fallo fue determinante: “Para que procedan los criterios de selección y priorización, el grupo armado deberá contribuir de manera real y efectiva al esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de todos los menores de edad”. Precisamente sobre esos asuntos están las preocupaciones mayores acerca de lo que se está negociando. Y no es que se desconozca la posibilidad de encontrar en la negociación la forma de terminar el conflicto. Pero sí se trata de lograrlo sobre principios irrenunciables para dar paso a la aplicación de una justicia excepcional. Como lo explica la Corte Constitucional al definir los alcances de la justicia transicional, “los mecanismos de suspensión condicional de ejecución de la pena, sanciones extrajudiciales, penas alternativas y las modalidades especiales de cumplimiento, no implican por sí solos una sustitución de los pilares esenciales de la Carta, siempre que se encuentren orientados a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.Con respecto a los compromisos internacionales sobre Derechos Humanos y la posibilidad de que intervenga en Colombia la Corte Penal Internacional, el Tribunal fue claro al decir que la aplicación del Marco Jurídico no implica otorgar impunidad a los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Es decir, negociar la paz no es asunto de ignorar los crímenes atroces, sino de investigarlos y encontrar a sus responsables aunque se haga una excepción en el castigo que recibirán por ello.Queda así claro el punto de vista de la Justicia con respecto a la negociación para terminar el conflicto. Lo que sigue es que las partes, en especial las Farc, demuestren su intención de acatar lo que ha dicho la Corte Constitucional. Con lo cual harán una gran contribución a la credibilidad del proceso de diálogo que se realiza en La Habana.