El gran desafío

La corrupción es el enemigo. Cómo combatirla y cómo lograr que la impunidad no se convierta en el gran impulsor de las conductas dirigidas a robarse los recursos y los bienes públicos o privados, es la gran pregunta que Colombia debe resolver para devolverle la confianza al Estado y la credibilidad en sus instituciones.

En un foro realizado esta semana en Bogotá se dieron cita el Presidente de la República, el Contralor General, el Fiscal General, el Procurador de la Nación y varios invitados nacionales y extranjeros. Allí se escuchó al Contralor denunciando de nuevo la forma en que la política y los negocios van de la mano para quedarse con el manejo de los recursos municipales, departamentales y nacionales, sin que sea posible vigilarlos porque existen 32 contralorías departamentales y 30 municipales, además de la que dirige el doctor Edgardo Maya.

También fue posible oír la insistencia del Fiscal. Su reclamo es idéntico: ya no parecen existir límites entre el interés público y el privado. Y las normas penales que castigan a los corruptos se transforman en troneras por donde se les otorga cualquier cantidad de beneficios a quienes han sido condenados por defraudar la confianza pública, por estafar a los ahorradores o por convertir a la Alcaldía de Bogotá en guarida donde los contratistas pagaron, sin pudor alguno, cuantiosas cifras a dirigentes y gobernantes.

Basta reconocer su delito para empezar a recibir rebajas de la pena que desafían la moral pública. Y con sólo delatar a sus compinches se convierte en realidad la posibilidad de recibir la casa por cárcel cuando no la libertad bajo fianza. Por su parte, el Procurador llamó de nuevo a reaccionar contra el cáncer que consume los recursos públicos y destruye la fe en las instituciones democráticas.

En el mismo escenario, el presidente Juan Manuel Santos presentó su estrategia para enfrentar el flagelo. El primer mandatario anunció desde iniciativas que promueven el retorno de la educación cívica al pensum de los colegio, hasta reformas al sistema electoral que incluyen la financiación estatal de todas las elecciones, pasando por cambios en un régimen contractual que no ha sido modificado pese a sus reconocidas falencias.

Hay pues una gran reacción de los representantes del Estado contra la corrupción. Como también se produce el rechazo ciudadano, expresado en múltiples encuestas donde se registra ese mal como uno de los grandes enemigos de la Nación que destruye la confianza y debilita a todo el Estado, a pesar de ser uno de los países del mundo con mayor número de organizaciones y de leyes para vigilar y sancionar la corrupción.

Pero hay algo que no aparece después de los miles de diagnósticos que se conocen y tras destapar uno tras otro escándalo. Es la necesidad de crear conciencia sobre el peligro que implican esos robos para la convivencia pacífica y para la estabilidad de la democracia, y la responsabilidad que le cabe a cada ciudadano en el cuidado del patrimonio común y de la buena fe en el manejo de los asuntos tanto públicos como privados.