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El golpe
de Ospina

Junio 01, 2021 - 11:55 p. m. 2021-06-01 Por: Editorial .

Sin duda, los caleños creen en el diálogo para resolver las diferencias y para encontrar soluciones a los problemas que afectan a nuestra sociedad. Nadie se opone a ese propósito y, por el contrario, agradecen que exista la voluntad de facilitar esas salidas democráticas y civilizadas, más que necesarias cuando los eventos del último año han causado grandes perjuicios al tejido social, a la economía de los casi tres millones de habitantes de Cali y a la concordia rota durante los últimos treinta y cinco días por un paro nacional.

Pero también exigen que termine la violencia que se ha desencadenado aprovechando la protesta social, destruyendo la ciudad, impulsando el vandalismo devastador y ocasionando bloqueos que afectan a miles de familias. Para ello confían en sus autoridades municipales, quienes deben cumplir sus deberes como mandatarios de toda la comunidad caleña a la cual tienen que proteger como lo ordena la Constitución Nacional.

Infortunadamente no ha sido así en nuestra ciudad. Ahora lo confirma la extraña maniobra del alcalde Jorge Iván Ospina al expedir el decreto 304 de 2021 con el cual altera la institucionalidad consagrada en las leyes colombianas, justificado en el interés por establecer una mesa de diálogo con algunas de las agrupaciones que han realizado bloqueos en las vías de la capital vallecaucana.

Una cosa es dialogar y crear los canales necesarios para realizar esa labor tan importante e imprescindible para encontrar salidas. Y otra, muy distinta y más preocupante, es reconocerle legitimidad a quienes con el nombre de “Primera línea somos todos”, han usado las vías de hecho durante semanas, perjudicando la vida, la concordia y los derechos de quienes no forman parte de esa organización. O reconocer como “actores” solo a quienes realizan los bloqueos, a la llamada minga indígena y a su administración.

De otra parte, y además de darle entidad jurídica al paro nacional que lleva 35 días causando estragos, el decreto no aclara si serán levantados los bloqueos que realiza esa organización reconocida por la primera autoridad del municipio, una exigencia de la inmensa mayoría de los habitantes de Cali que debió ser escuchada por el alcalde Ospina como gobernante de toda la ciudad. Y llama la atención que al crear una comisión facilitadora y otra de veedores incluya a los integrantes del Cric, causantes de los desmanes del pasado 28 de abril.

Al parecer a Jorge Iván Ospina no le llegaron los ecos de la marcha del silencio del pasado miércoles, cuando miles de ciudadanos salieron a pedir el fin del bloqueo que golpea a las familias caleñas de todos los estratos sociales. Y todo indica que no le interesa la opinión de la sociedad sino y solo sus inescrutables propósitos, lo que lo lleva a condenar a la Policía Nacional y a exigir la presencia de las Naciones Unidas, algo que es del resorte exclusivo del Presidente de la República.

El decreto es pues un golpe a la legalidad que debe ser revisado por la justicia para impedir el desconocimiento del Estado de derecho. Con ello, el alcalde de Cali ahonda las divisiones en la sociedad que debe gobernar y unir.

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