El Gobierno del Valle

"El Valle está viviendo uno de los peores momentos de su historia como Departamento..."

A una semana de conocido el fallo del Consejo Nacional de la Judicatura que ratificó la destitución ordenada por la Procuraduría Nacional del gobernador Juan Carlos Abadía por participación en política, el primer cargo del Departamento está acéfalo, a la espera de que el Gobierno Nacional designe un encargado en su reemplazo. Con justa razón, muchos vallecaucanos preguntan a qué se debe la demora en designar el sucesor, con lo cual se le evitará mayores perjuicios a la región.El Valle está viviendo uno de los peores momentos de su historia como Departamento. Durante seis meses, el cargo de Gobernador ha estado subjúdice, en un prolongado y desgastante debate jurídico que ha puesto a la deriva al Gobierno seccional. Y sólo se sabe del forcejeo del funcionario destituido por mantener el cargo, apelando a recursos que, como la tutela anulada en buena hora por el Consejo Superior de la Judicatura, han prolongado la agonía. En ese tiempo, la representación del Departamento ha estado al arbitrio de Abadía y su grupo político, como si ellos fueran sus propietarios.Esa situación no puede continuar. Tan grave daño se le ha causado al Valle, que el mismo Consejo ordenó investigar la contratación que el Gobernador ha realizado desde el momento en que se ordenó el retiro de su cargo. Es decir, los efectos de la decisión tomada por la Procuraduría se extienden hasta el punto de paralizar las actuaciones normales del ente departamental. Lo cual puede llegar incluso a anular las Ordenanzas que desde el 25 de mayo hayan sido promovidas por él ante la Asamblea, como es el caso de la que autoriza la venta de bienes. Un aspecto demasiado preocupante es la incertidumbre por la que atraviesa la Administración Departamental, que debió renunciar ante el pedido del gobernador Abadía, una vez se reintegró a su cargo. Todo ello se produjo en la mitad de un proceso que implicará, nada más y nada menos, que endeudar al Departamento en $650.000 millones mediante el polémico mecanismo de las vigencias futuras. Y avalar las posibles deudas que adquieran los contratistas a los cuales se les adjudicaron los proyectos, mediante la pignoración de rentas significativas. Ese sólo tema demanda tener un Gobernador que responda los interrogantes y pueda actuar en consecuencia. Y un gobernante que sea garantía de imparcialidad en el proceso electoral que debe iniciarse prontamente, del cual saldrá el reemplazo definitivo de Juan Carlos Abadía Ante los daños que se están produciendo hay que preguntar por qué no se ha procedido como ordenó el Consejo de la Judicatura, respetando la decisión de la Procuraduría. Y por qué no se ha iniciado el proceso de elección que también ordenó en la sentencia. Si bien el señor Abadía tiene derecho a recurrir las decisiones administrativas y judiciales para defender sus intereses, está claro que ya las ha ejercido y la Justicia se ha pronunciado. Ahora le corresponde al Gobierno Nacional aplicar sin demora la decisión del Consejo Nacional de la Judicatura para tutelar los derechos del Valle.