El Fuero Militar

Colombia no se siente atemorizada por quienes desde afuera y desde adentro descalifican cualquier acción del Estado que busque garantizarles sus derechos a los miembros de la Fuerza Pública que deben combatir a los enemigos de los colombianos.

Cumpliendo los trámites que exige la Constitución Nacional y atendiendo la necesidad que tiene la Nación de precisar la forma en que deben ser procesados y juzgados los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía, por actos cometidos en ejercicio de su deber, el Congreso aprobó el pasado martes el llamado Fuero Militar. Fue un largo y amplio debate en el cual tuvieron cabida todas las corrientes de opinión. El proyecto debatido no fue el atropello apresurado que entidades como Human Rights Watch y otras de origen nacional pretenden mostrar, en esfuerzo notorio por deslegitimar las instituciones democráticas colombianas. Fue el resultado del compromiso de ilustres juristas, de exmagistrados y presidentes de la Corte Constitucional, que buscó ante todo organizar la Justicia Penal que toda nación civilizada tiene para atender los casos derivados del monopolio de las armas y su uso en defensa del país y del Estado. Tampoco fue una emboscada para favorecer la impunidad, y mucho menos de delitos atroces. Por el contrario, con el fuero se fijan claramente los límites que deberán tener los jueces de la jurisdicción militar y de Policía, empezando por prohibir que actúen en casos de violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en un país que padece el lastre de un prolongado conflicto. En ese orden de ideas, Colombia no se siente atemorizada por quienes desde afuera y desde adentro descalifican cualquier acción del Estado que busque garantizarles sus derechos a los miembros de la Fuerza Pública que deben combatir a los enemigos de los colombianos. Ahora, y a diferencia de países como los Estados Unidos donde no se toman la molestia de distinguir los delitos que cometen sus soldados y reconocen sólo la Justicia Militar para su juzgamiento, el nuestro ha tomado una decisión que da claridad en las reglas de juego y acaba el intento por mantener el asunto bajo la duda y en medio de la politización que busca descalificar nuestra democracia.Se termina así un proceso en el que pudo opinar la totalidad de las organizaciones políticas. Fueron ocho debates durante cerca de doce meses y una prolífica participación de la sociedad a través de los medios de comunicación. Ahora empieza la responsabilidad de la Fuerza Pública en la tarea de fortalecer una justicia que actúe con conocimiento de causa, la gran diferencia con la justicia ordinaria. Y que no sea permeable a la solidaridad de cuerpo que lleva a justificar hechos ilegales, o a ocultar actuaciones que violen los derechos humanos, sea cual sea la justificación.Se cumplieron los términos y requisitos constitucionales para dotar a nuestro país de una legislación acorde con sus necesidades. Y para quienes fracasaron en su intento de hundir la iniciativa y ahora amenazan con acudir a instancias internacionales, por demás inocuas e igual de politizadas, la notificación es clara: Colombia nunca renunciará a ejercer su derecho soberano a legislar, así existan el chantaje, las campañas mediáticas y los esfuerzos interesados en sembrar la duda sobre el carácter democrático de nuestra Nación.