El final del bloqueo ilegítimo

El final del bloqueo ilegítimo

Abril 07, 2019 - 06:55 a.m. Por: Editorial .

Luego de la negociación con la comisión designada por el presidente Iván Duque, de un policía asesinado cuando cumplía su deber y de los problemas que padecieron seis millones de personas que viven en el sur de Colombia, ayer fue levantada la toma de la carretera a Popayán que durante veintisiete días realizó el Consejo Regional Indígena del Cauca.

La Ministra del Interior firmó el documento en representación del Gobierno. De lo que se puede deducir surge de nuevo la pregunta de si era necesario paralizar de manera abusiva una vía fundamental para el país. Pero, entendiendo y aceptando que la protesta social es un derecho democrático e inalienable, lo que ocurrió en esa carretera rebasó esa facultad para convertirse en un desafío inaceptable a las instituciones y en el desconocimiento flagrante de los derechos fundamentales de millones de personas que padecieron toda clase de limitaciones por culpa directa de esa toma.

Lo acordado demuestra que la minga fue ante todo un movimiento político aprovechado por sus promotores, por muchos de los que se declaran de la oposición y por los grupos armados ilegales que hacen presencia en el Cauca. Ellos sembraron el caos, pretendiendo quizás que la Fuerza Pública reaccionara y dejara la cuota de sangre y violencia que esperaban sus autores para denunciar como represoras y antidemocráticas a las autoridades legítimas.

Por fortuna, ese derramamiento de sangre que esperaban los promotores de las vías de hecho en el Cauca no se produjo. Pero un policía fue asesinado de manera vil, otros fueron secuestrados y millones de colombianos sufrieron pérdidas económicas cuantiosas e irreparables, tuvieron grandes dificultades en su vida diaria y padecieron limitaciones injustificadas en la atención de sus necesidades.

Ante esa toma abusiva de la carretera Panamericana empezaron a presentarse protestas de la ciudadanía de Popayán contra el Cric, no contra las comunidades indígenas, por el daño que le causaron a su ciudad, al departamento del Cauca y al sur del país. Fueron manifestaciones pacíficas que se sumaron al reclamo de los gremios de la producción y al de millares de campesinos, comerciantes, transportadores y gente del común que padecieron la injusta e ilegal limitación impuesta por quienes organizaron esa especie de secuestro de la vía.

¿Era necesario ese abusivo y dañino bloqueo de la carretera? A juzgar por lo acordado, no lo era. Quizás el hecho de que en otras oportunidades cuando los gobiernos anteriores firmaron acuerdos que contenían compromisos imposibles de cumplir daba para hacer una protesta social. Pero, esta vez, lo que se produjo fue la vía de hecho arrogante e inútil que desconoció el ordenamiento jurídico, y un reto a la Fuerza Pública que reaccionó con serenidad y prudencia.

En adelante, queda el compromiso del presidente Duque de dialogar con los promotores de la toma y de cumplir con el acuerdo firmado ayer. Pero frente a los colombianos que padecieron en el sur de Colombia el bloqueo y sus consecuencias, debe quedar el compromiso de no permitir y no realizar en el futuro otra toma abusiva e ilegal en nombre de una mentirosa protesta social.

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