El fin de la componenda

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El fin de la componenda

Octubre 14, 2019 - 11:55 p. m. Por: Editorial .

Reduciendo los cargos de los acusados pero emitiendo un fallo que reconoce la violación de la Constitución, la Justicia española se pronunció con claridad sobre los intentos por separar a Cataluña de España. La sentencia de primera instancia fue una respuesta a quienes aprovechando las inconformidades de la mitad de los catalanes para forzar la división desde el mismo gobierno.

Como era de esperarse, el Tribunal compuesto por siete magistrados que fallaron de manera unánime, condenó a trece de los autores del intento secesionista encabezado desde la Generalitat por el presidente de entonces, Carles Puigdemont. Sin embargo, la condena se limita a delitos de sedición por no emplear la fuerza y de mal uso de los recursos públicos al usar los dineros del Estado para promocionar y realizar un referendo ilegal y usarlo para crear un hecho ilegal que desconoce la legalidad española.

Antes que una decisión cargada de intenciones políticas en uno u otro sentido, el fallo es un pronunciamiento basado en el derecho y en las leyes. El recuento de los hechos realizado por los magistrados debe servir para superar los intentos por usar los triunfos en las elecciones de los partidos afines a la causa separatista en una causa absurda, así exista una inocultable inconformidad en la comunidad catalana por las relaciones que existen, en especial, con el Gobierno de España.

Allí está el meollo del asunto. Cataluña es tal vez el más importante motor de la economía nacional y el reclamo va dirigido a lo que se dice es una desproporción entre lo que aportan a España en impuestos, empleo y riqueza, frente a lo que reciben a cambio. Sin embargo, esa no puede ser razón suficiente para desconocer la Constitución o para imponer criterios que representan un poco menos de la mitad de la nación catalana.

También es claro que España atraviesa por uno de los momentos más complejos de su institucionalidad. Aunque no hay aún expresiones que pongan en peligro la legitimidad del Estado, la atomización de la política ha hecho imposible constituir un gobierno estable y ha obligado a citar a tres elecciones generales para definir qué partido o qué coalición asume las riendas de la nación.

Queda pendiente la extradición de Puigdemont y de varios de sus colaboradores para que sean juzgados por los tribunales españoles. Cabe recordar que el expresidente que promovió y adelantó el referendo huyó a Alemania y después se refugió en Bélgica, aprovechando que en la Comunidad española no existe el delito de rebelión. Ahora, una vez cambiada la acusación por la sedición y el peculado, será pedido de nuevo para que responda por sus delitos, los cuales ya le costaron la cárcel a sus socios en la componenda.

Así se ha expresado la institucionalidad española frente a lo que fue el gran intento por desconocer la Constitución e imponer las vías de hecho y las ambiciones partidistas. Fue la trampa urdida por quienes pensaron que ganar las elecciones de Cataluña les daba el derecho de arrasar con la legalidad e imponer sus criterios. Los jueces los pusieron en el lugar que les corresponde.

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