El enredo de las inscripciones

"En el campo electoral no podría ser más desafortunada la presunción de ilegalidad que está aplicando el Consejo. Y explica por qué la anulación masiva se extendió a cerca de un millón quinientas mil cédulas en todo el país, incluidas muchas que fueron realizadas hace ocho y más años, lo que representa el 50% de las inscripciones. Aunque sea de manera involuntaria, con ello puede estar afectando los resultados, además de impedir que se cumpla con un deber ciudadano".

Acusados de un delito, miles de colombianos han sido sorprendidos con el anuncio del Consejo Nacional Electoral sobre la suspensión de su derecho a elegir donde quieran. Tal error borra de un tajo la buena labor que las autoridades electorales estaban adelantando para proteger la pureza del sufragio y acabar con el negocio que se ha montado con uno de los atributos más importantes de ser ciudadano en nuestro país.El correo enviado por el CNE a los afectados por la medida, habla de “dar de baja la inscripción de miles de cédulas por trashumancia”, o sea fraude en inscripción de cédulas. Es decir, por el delito contemplado en el artículo 389 del código penal, castigado con encarcelamientos que van de cuatro a nueve años.La situación sólo puede calificarse como absurda. Por supuesto, el CNE tiene el deber y el derecho de actuar para combatir la compraventa de votos que trastea ciudadanos de un municipio a otro para favorecer determinadas aspiraciones a representar la voluntad popular. Y no es menos cierto que la opinión pública ha aplaudido el interés puesto por esa autoridad para purificar el censo electoral y evitar el fraude.Pero lo que está ocurriendo no parece tener explicación. El origen del problema está en tomar una encuesta como el Sisben, sistema con el cual el Departamento Nacional de Planeación clasifica la población, para definir quién inscribió su cédula para defraudar las elecciones. Peor aún, es presumir dolo en ese trámite, ofrecido por el Estado para permitir que se pueda ejercer el derecho al voto, sin realizar una investigación rigurosa que evite castigar a los ciudadanos inocentes de la misma manera en que se penaliza a los culpables.En el campo electoral no podría ser más desafortunada la presunción de ilegalidad que está aplicando el Consejo. Y explica por qué la anulación masiva se extendió a cerca de un millón quinientas mil cédulas en todo el país, incluidas muchas que fueron realizadas hace ocho y más años, lo que representa el 50% de las inscripciones. Aunque sea de manera involuntaria, con ello puede estar afectando los resultados, además de impedir que se cumpla con un deber ciudadano.Ante la avalancha de protestas, el CNE empezó a rectificar, derogando la medida contra las inscripciones en Bogotá. Esa decisión debe extenderse al resto de municipios afectados, hasta tanto se demuestre que hay una actuación dolosa. Que no se presuma la culpabilidad de quienes inscribieron sus cédulas, ni se les obligue a demostrar su inocencia. A ellos hay que devolverles su derecho a inscribirse donde quieran sin aportar más pruebas que el documento de identidad expedido por la Registraduría.Quedan muchas regiones y municipios donde la cifra de anulaciones puede cambiar el veredicto de las urnas. Que no se olvide que en Colombia se puede ganar o perder una elección por un voto. Ojalá, la sensatez se haga presente y se dé marcha atrás a una actuación que puede causar mucho daño aunque esté llena de buenas intenciones. Las instituciones electorales fueron creadas para garantizar el sufragio y no para obstaculizarlo.