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El enemigo de Colombia

Marzo 08, 2020 - 06:55 a. m. Por: Editorial .

De nuevo, las cifras sobre hectáreas sembradas de cultivos ilícitos y la productividad creciente de la cocaína, ponen de presente el impacto que tiene en la sociedad colombiana el narcotráfico. Y plantean la necesidad de revisar a fondo las políticas y la acción del Estado contra un enemigo que destruye la salud, que alimenta la violencia y pone en riesgo la vigencia del Estado de Derecho en Colombia.

Según las cifras de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la presidencia de los Estados Unidos, nuestro país llegó a las 212.000 hectáreas sembradas de coca, y aumentó en un 8%, la producción de cocaína, llegando a las 951 toneladas métricas en el período analizado dentro del documento. Basta multiplicar esa cifra por los 160 dólares por gramo que se pagan en las calles de los Estados Unidos para saber la enorme capacidad de daño que tienen los narcotraficantes, en especial aquí, con semejante cantidad de recursos disponibles para mantener e imponer el mortal negocio.

Con esas cifras en la mano puede entenderse también por qué existen tantas organizaciones criminales que se disputan los territorios más lejanos del centro del país. Y por qué esa amenaza ya se apodera del Cauca, del Pacífico, de gran parte de Nariño, del Chocó, del Catatumbo, de una porción cada vez más grande de la frontera con Venezuela, del Caquetá, del Putumayo o del Amazonas.

Y más aún, de dónde sale la violencia ya endémica que afecta a Cali, a Medellín y a todas las ciudades y cabeceras municipales. Es la expresión de una forma de explotación del crimen que algunos sectores persisten en llamar microtráfico a pesar de ser una aterradora red que contamina la sociedad, a los jóvenes, a los niños y a las familias que deben padecer el asesinato y la destrucción que causan tanto el consumo como las matanzas por el control territorial.

Es toda una tragedia la que vive la sociedad colombiana, causada por la enorme riqueza que produce el narcotráfico y la a veces patética manera en que el Estado la enfrenta. Incluso, de unos años para acá, en algunos sectores políticos se presiona para justificar y legalizar lo que es sin duda el peor enemigo de la concordia nacional, el causante de muchas de las muertes de los llamados líderes sociales y de cualquier ser humano que se oponga al nefasto destino que depara el narcotráfico en todas sus manifestaciones, incluida la política.

Frente a ese peligro, están las limitaciones del Estado para enfrentarlo. Y el debate eterno impulsado por quienes pretenden dar a entender que sembrar coca o amapola no es delito, y que la culpa recae en los consumidores, mientras los programas de sustitución voluntaria o forzada naufragan ante el poder de los narcotraficantes, pues son más las hectáreas que se resiembran o las que invaden territorios selváticos o parques naturales, que los que la Fuerza Pública y los subsidios o las políticas asistenciales alcanzan a erradicar.

Esa tendencia creciente del narcotráfico, y a evitar decisiones para detener una amenaza tan letal, no puede continuar. O Colombia se pone de acuerdo y actúa para acabarlo sin excusas, o podemos llegar a declarar el fracaso del Estado frente al peor enemigo de nuestra sociedad.

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