El eco de los ríos

El eco de los ríos

Septiembre 24, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"La historia que cuentan los ríos del Cauca se repite en Chocó, Nariño, Valle y en la mitad del territorio nacional, mientras las medidas para frenar la minería ilícita no han sido efectivas, por lo que se requiere de un ejercicio de autoridad efectiva y que supere la retórica".

“Cuando el río era claro las piedras del fondo se veían, se lavaba, el agua se podía tomar, pero ahora…”. El lamento de los habitantes de Timbiquí es el de todo el departamento del Cauca y del Pacífico. La causa está en la contaminación que deja la minería ilegal, carcome las fuentes de agua, arrasa la vida y ha sido imposible derrotar.El impacto de la extracción minera lo sienten poblaciones que una vez fueron privilegiadas por tener recursos naturales abundantes. Las comunidades que los explotaban de forma artesanal, obteniendo de ahí su sustento y conservándolos para las generaciones futuras, hoy ven cómo la voracidad los acaba, sin importar que con su intervención pongan en riesgo la vida y el equilibrio ambiental.La más reciente alerta sobre la situación de varios ríos en el Cauca, que mueren lentamente bajo los efectos de químicos como el mercurio y el cianuro usados en la minería, o por los daños que ocasiona en su lecho el dragado irresponsable, la dio el Consejo Comunitario de las negritudes en el norte del Departamento. La Teta, Quinamayó, Mazamorrero, Palo y el Cauca son algunos de los afluentes que se unen a la lista de otros que están bajo amenaza.Ya la Contraloría General de la Nación había confirmado los resultados negativos de las muestras de agua tomadas en Mondomo, Ovejas, Jambaló, Chiquito, Naya y Micay, así como la existencia de 136 puntos de minería ilegal en esas cuencas hidrográficas. Hace apenas seis meses se anunció oficialmente la desaparición del Sambingo, el primer río colombiano que muere como consecuencia de esa práctica ilícita. Aunque los daños que se han provocado son graves, no son los únicos ni los peores.Mientras los consejos comunitarios del norte del Cauca denunciaban el deterioro que padecen sus fuentes de agua, se daba a conocer que la mina San Antonio, en Santander de Quilichao, cobraba esta semana su víctima número cien. Es la misma que ha sido cerrada en innumerables ocasiones, pero que vuelve a operar en frente de todos sin que las autoridades lo impidan. Ahí es cuando se confirma la incapacidad del Estado para acabar con un negocio que está causando unos estragos incalculables.A ello se suman las consecuencias para la salud de quienes viven cerca de las corrientes que han sido contaminadas por los químicos usados en la extracción minera ilícita o por los deslaves que esa explotación ocasiona. Ahí está como ejemplo el río Cauca, que a su llegada a Cali, donde abastece al 70% de la población, lleva a rastras el peso de esa intoxicación, haciendo cada vez más costoso y difícil el tratamiento para hacer apta el agua para consumo humano.La historia que cuentan los ríos del Cauca se repite en Chocó, Nariño, Valle, y en la mitad del territorio nacional, mientras las medidas para frenar la minería ilícita no han sido efectivas, por lo que se requiere de un ejercicio de autoridad efectiva y que supere la retórica. A las comunidades que denuncian así como a los gobiernos locales no se les puede dejar solos en su lucha contra unas manos criminales que les arrebatan sus recursos naturales y su tranquilidad.

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