El drama de las estaciones

La crisis que padecen las estaciones de Policía en Cali es la otra faceta de un solo problema. La ausencia de una política penal y penitenciaria que sirva para contener la inseguridad sin llegar a ser un foco de mal trato y de violaciones a los derechos de los detenidos.

Como lo describe la crónica publicada en El País el pasado jueves, setecientas personas están hacinadas en veintisiete estaciones, en celdas deterioradas, camas improvisadas y olores nauseabundos.
Algunas, como la del barrio El Lido, tienen celdas adaptadas para quince detenidos donde se alojan cuarenta, en las cuales se mezclan acusados y condenados por delitos como hurto, homicidio, violaciones o atracos, limitados en las posibilidades de ofrecerles baños y espacios decentes a quienes esperan que la Justicia les resuelva su situación y el Estado les brinde las condiciones mínimas de reclusión a que está obligado.

Además del drama descrito, esos sitios, que deberían ser apenas lugares de paso, demandan por lo menos cien policías que se necesitan en las calles para atender los problemas de seguridad en la ciudad. Y por paradójico que parezca, la cifras de capturas, que ascienden a veinticinco diarias, impulsan el hacinamiento porque no hay una justicia rápida que resuelva la situación de los detenidos ni espacio en las cárceles de la ciudad donde alojarlos.

Es todo un contrasentido, no de ahora sino de hace muchos años. Y fuera de declaraciones o reclamos para que el Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, o alguna autoridad se conmueva y ordene el traslado a cualquier centro carcelario del país, la situación sigue estática y las soluciones consisten en comprar más candados o reforzar las rejas para atajar los frecuentes intentos de evasión que de consumarse ponen en peligro los barrios residenciales donde están esas estaciones.

Fuera de ese alarmante cuadro de improvisación, está el infortunio de quienes deben padecer ese tratamiento. Sin duda, muchas de esas personas cometieron delitos y son responsables de conductas antisociales. Pero ello no puede ser el justificativo para que reciban del Estado un tratamiento inicuo que desconoce su dignidad y sus derechos. Y que, además, es la negación del propósito de recuperar para la sociedad a quienes cometan delitos.

Se sabe que al lado de la cárcel de Villahermosa hay un lote de propiedad del departamento del Valle, donde pueden construirse tres pabellones para alojar a mil quinientos detenidos, lo que podría resolver el problema que hoy padece Cali y se extiende a los municipios vallecaucanos. Lo que falta es el apoyo de la Nación para llevar a cabo el proyecto donde también debe aportar el Municipio como el responsable de la seguridad y de la tranquilidad en la ciudad.

La situación de las estaciones de Policía debe motivar la reacción de las autoridades locales y nacionales para evitar sus peligrosas consecuencias y detener una crisis inaceptable. No puede ser posible que tal improvisación se prolongue en una ciudad como Cali, donde los índices de criminalidad demandan acciones urgentes que protejan a la sociedad y respeten los derechos de los detenidos.