El dilema de las drogas

"...Se supone entonces que la ofensiva educativa sumada a la atención médica de los consumidores y a la permisividad con sustancias como la marihuana, pueden ser herramientas más eficaces para desmantelar las organizaciones criminales que la prohibición y la fuerza hasta ahora usadas...".

Nuevamente, la intervención de prominentes figuras políticas, intelectuales y médicas pone de presente la necesidad de que el mundo revise la estrategia que durante décadas ha venido aplicando contra las drogas ilícitas. La pregunta es si con ello se logrará liberar a la humanidad de uno de sus peores flagelos.Sucesora de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia que crearon los ex presidentes César Gaviria de Colombia, Enrique Cardoso de Brasil y Ernesto Zedillo de México, la Comisión Global de Política de Drogas ha promulgado un llamado amplio sobre la conveniencia de revisar el concepto que formuló hace 50 años la Convención de las Naciones Unidas sobre Drogas Narcóticas. En resumen, se pretende despertar el debate sobre el presunto fracaso de la estrategia de enfrentar la producción y comercialización de sustancias prohibidas, y la necesidad de asumir el consumo como un asunto clínico que reclama darle prioridad a la atención a los consumidores. El debate se basa en los resultados calificados como pobres, conseguidos por los gobiernos para reducir la producción y acabar las organizaciones criminales que se nutren del narcotráfico, versus el aumento en el número de personas que entran en contacto con las sustancias prohibidas. Según se desprende de la discusión, el veto y la consecuente criminalización elevan el precio de las drogas y generan ingentes utilidades para las organizaciones que controlan la producción y el tráfico, y las convierte en amenazas capaces de desestabilizar gobiernos y Estados, como no hace mucho sucedía en Colombia, como acontecen en algunos países centroamericanos y como está experimentando México. Todo ello, sin olvidar la importancia que en la guerra de Afganistán significan los cultivos de amapola y el negocio de los opiáceos. Bajo esa óptica, el mundo parece condenado a aceptar el consumo de sustancias hasta ahora prohibidas casi como un mal necesario. Y a dedicar los recursos a la atención de los daños que drogas como la cocaína, la heroína o las sintéticas causan en la salud de millones de personas. Se supone entonces que la ofensiva educativa sumada a la atención médica de los consumidores y a la permisividad con sustancias como la marihuana, pueden ser herramientas más eficaces para desmantelar las organizaciones criminales que la prohibición y la fuerza hasta ahora usadas para proteger la integridad y la salud de los seres humanos. Al otro lado están quienes consideran que legalizar las drogas, aunque sea su consumo, equivale a aceptar como irremediable la autodestrucción del ser humano. Por lo tanto, los Estados deben combatir la producción y el tráfico sin abandonar el esfuerzo por persuadir a las sociedades sobre la necesidad de evitarlas y la atención a los consumidores. Basados en principios éticos que superan el marco de los criterios económicos y de los afanes por imponer lo políticamente correcto, quienes se apartan de los criterios de las Comisiones sobre Drogas consideran inaceptable esa renuncia, impulsada talvez por los horrores que el narcotráfico le causa a países como Colombia.