El diálogo institucional

"El problema de la restitución de la tierra es uno de los más sensibles para nuestra Nación. Por ello, respeto a la institucionalidad, soluciones, diálogo fructífero y debate con altura en vez de controversias públicas innecesarias y contraproducentes, es lo que reclama la necesidad de reconciliación en Colombia".

Dos eventos celebrados en los departamentos de Magdalena y el Cesar, en los cuales se discutió sobre la ley de restitución de tierras, terminaron en una confrontación entre el Procurador General de la Nación y el Gobierno Nacional. Con ello se llevó al calor de la plaza pública lo que debe ser objeto de un tratamiento sereno y objetivo de quienes encarnan al Estado, para evitar consecuencias que se traducen en acicate para la división del país.El que el Procurador realice eventos de este tipo para tratar temas sensibles como la aplicación de la norma sobre restitución de tierras que debe resolver el problema ocasionado por el despojo, no debe tener objeción alguna. Esa es una de sus atribuciones, la cual no debe ser limitada y debe contar con el respaldo de los demás organismos del Estado, así en ellos se escuchen críticas sobre la actuación de las autoridades. Otra cosa es que tales eventos terminen siendo tribunas para ventilar intereses políticos y de otros órdenes distintos al diálogo con los interesados y afectados por la ley que se pretende revisar. Y que desencadenen un enfrentamiento público a través de micrófonos y donde la intención ya no es buscar soluciones a los problemas, sino descalificar a los contradictores, o impedir la presencia de quienes deben representar las entidades del Gobierno encargadas de aplicar la norma.Por supuesto que el debate tiene que darse, en la medida en que pueden existir personas que se sienten perjudicadas, ya sea por los vacíos que tenga la ley, o por el proceder de las entidades encargadas de aplicarla. Pero éste no puede llevar a descalificaciones públicas que sólo dan a entender que el Estado no actúa de manera armónica como ordena la Constitución. Y que un asunto que siempre ha sido protagonista de la violencia en Colombia, puede resurgir, ya no como la solución que se espera sino como bandera política de parte de los involucrados. A cambio de esa confrontación está la posibilidad de adelantar diálogos entre el Gobierno, el Procurador, los jueces e incluso los gremios y ciudadanos que tengan relación con tan delicado asunto. Es el diálogo institucional que permite enfrentar los problemas y tratar de encontrar soluciones, sin necesidad del escándalo mediático, tan común ya en nuestro país. Esa es una obligación constitucional que no puede desconocerse, a riesgo de mostrar una debilidad del Estado que termina ocasionando peligrosas fracturas en la sociedad. Para evitar ese espectáculo existen instancias que deben ser utilizadas como corresponde. Lo cual no significa que se termine el debate necesario para perfeccionar una de las herramientas más importantes en la solución de uno de los conflictos más graves de los que ha padecido Colombia a través de su historia. Sin duda, el problema de la restitución de la tierra es uno de los más sensibles para nuestra Nación. Por ello, respeto a la institucionalidad, soluciones, diálogo fructífero y debate con altura en vez de controversias públicas innecesarias y contraproducentes, es lo que reclama la necesidad de reconciliación en Colombia.