El desmadre de Acuavalle

"...extraña que entidades como la Superintendencia de Servicios Públicos, la Procuraduría General de la República e incluso la Superintendencia de Sociedades aún no se hayan movilizado para intervenir a Acuavalle. Con lo cual, su administración sigue tomando decisiones a su arbitrio..."

¿Qué hace la empresa de acueductos y alcantarillados del Valle, Acuavalle, contratando la construcción de esos servicios en los departamentos de Córdoba y Guajira? ¿Y por qué es posible que su administración actúe sin responder por los descalabros que le ha ocasionado a los vallecaucanos y negándose a aceptar la decisión de la Asamblea General de socios que cambió su junta directiva?Ya no deben quedar dudas sobre la situación de Acuavalle y sobre su dirección. Mientras en las épocas del señor Álex Loango y del exgobernador Juan Carlos Abadía se utilizaron sus supuestas limitaciones financieras para entregar la empresa en una concesión polémica y por un valor absurdo, el mismo gerente y la misma Administración Departamental autorizaron el negocio en la Guajira. Ahora, la Contraloría General de la Nación destapa el incumplimiento de sus obligaciones, en una dudosa convocatoria de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, Corpoguajira, donde al parecer se han dilapidado gruesas sumas de recursos públicos.Entre tanto, la administración de Acuavalle recurre a todas las argucias posibles para eludir su obligación de darle posesión a la nueva Junta Directiva, elegida por una mayoría que supera el 80% de las acciones en que está dividido su capital social. La razón es más que obvia: de reconocer esa decisión, la administración del hoy gerente Iván Valderrama deberá responder ante la Junta Directiva por los actos realizados en los últimos tres años, cuando el gobernador destituido y su grupo político les dieron carta blanca a iniciativas que hoy tienen en la mira de los organismos de control a una institución otrora modelo de buena gestión.Los desaciertos en Acuavalle han llevado incluso a dejar en entredicho el Plan de Aguas para el Valle. Lo cual significa que su ejecución presente atrasos de más de dos años, además de poner en duda la inversión de $228.000 millones. Gastos excesivos en publicidad y transporte, así como la apertura de numerosas cuentas bancarias cuando el compromiso era manejar los recursos mediante una sola, son algunas de las inquietudes que hacen tambalear la ejecución de un programa encaminado a mejorar la calidad de vida de un millón de vallecaucanos.Ante tales acusaciones, extraña que entidades como la Superintendencia de Servicios Públicos, la Procuraduría General de la República e incluso la Superintendencia de Sociedades aún no se hayan movilizado para intervenir a Acuavalle. Con lo cual, su administración sigue tomando decisiones a su arbitrio, aprovechando las ventajas que le ofrecen su característica de sociedad anónima y de entidad prestadora de servicios públicos, para dedicarla a satisfacer intereses clientelistas. Además de merecedoras de una revisión a fondo, las actuaciones de Acuavalle tienen que ser detenidas porque perjudican los intereses del Departamento y de su gente. Por eso es necesario ponerle fin a la forma en que se gobierna una entidad que ante todo es pública y pertenece a todos los vallecaucanos. Es lo menos que debe hacerse cuando sus administradores persisten en burlar normas y decisiones de obligatorio cumplimiento.