El desgobierno de Cali

La seguridad de los caleños, que debería ser prioridad para el gobierno de la ciudad, está más amenazada que nunca. Y ya no es un asunto sólo de percepción: ahora es la amenaza de la delincuencia que usa las motos para atracar a quien se encuentre a su paso y de tomarse las calles para perpetrar sus fechorías.

Las escenas publicadas desde el viernes pasado en las redes sociales no dejan duda. Grupos de hasta 15 motos que tenían sus placas cubiertas y ocupadas por personas armadas atracaron durante varios minutos a peatones y motociclistas en la Avenida Tercera Norte, en el tramo comprendido entre la fuente de la Solidaridad y Sameco. Igual ocurrió en el barrio San Fernando, donde una banda de diez motos realizó un atraco similar, sembrando el miedo entre quienes se encontraban en la zona.

Se sabe que la Policía Metropolitana ha capturado a algunos de los participantes en esos robos masivos y detuvo 67 motocicletas en la noche del sábado. Sin embargo, brillan por su ausencia las directrices del gobierno municipal para devolverle la tranquilidad a una ciudadanía alarmada por lo que está sucediendo, mientras crecen los reclamos para que se recupere el principio de autoridad que permita tener calma en Cali, en lugar de la confusión y la anarquía que con frecuencia se toma a la capital vallecaucana.

En su edición del pasado domingo, El País publicó una crónica sobre lo que está sucediendo en la ciudad. 1231 ataques a los buses del MÍO, 128 contra agentes de policía y guardas de tránsito, 8 contra las grúas que recogen las motos decomisadas por violar las normas, en los cuales se agreden a los conductores y funcionarios por propietarios de esos vehículos. Y disparos contra quienes cumplían su deber el día sin carro y sin moto, además de violaciones permanentes como la invasión de los carriles exclusivos para el sistema de transporte masivo.

Eso y mucho más se está produciendo en las calles de Cali, mientras algunos funcionarios de la Alcaldía tratan de justificar esas acciones y se niegan a aplicar las sanciones que establece la ley para quienes organizan tomas de las vías y bloqueos en el túnel de la Carrera Primera o el de la Autopista Suroriental. Es el desgobierno que pretende resolver esas expresiones que atentan contra la sociedad mediante diálogos inconducentes, en los cuales se desconoce el papel de la ley y de las instituciones como protectoras del orden que hace posible la convivencia.

Cali no puede seguir padeciendo los hechos que van creciendo por la mala interpretación de los derechos individuales, a lo que se suma la falta de decisión y de presencia de su gobierno para defender los derechos de todos los caleños. Ni puede seguir viendo que reducen los recursos para la seguridad y se pretende gobernar mediante los tweets del alcalde, mientras el espacio que pertenece a todos los ciudadanos es tomado por unos pocos y por la delincuencia que se apropia de las calles para atemorizar a la ciudadanía.

Invertir en la seguridad de Cali y devolverles la tranquilidad a sus habitantes es un deber y una obligación de la Alcaldía Municipal.