El desafío separatista

La convocatoria a un referéndum independentista para Cataluña ha destapado una lucha entre el resto de España y quienes pretenden imponer sus ideas separatistas.

No es la primera vez que quienes quieren la independencia de la provincia catalana recurren a las urnas para lograr su propósito. Desde 1977 se han adelantado 38 votaciones y en todas ha ganado el no, así en varias ocasiones haya sido por márgenes mínimos. Todas se han hecho de acuerdo a la Constitución aprobada por la inmensa mayoría de los catalanes y los demás españoles, que hasta ahora había sido respetada.

Esta vez, los secesionistas encabezados por el presidente de la Generalitat y la mayoría del parlamento catalán parecen dispuestos a imponer sus ambiciones, a pesar de que el separatismo fue derrotado en los comicios que los eligieron. Sus promotores están obligando a que los ciudadanos voten para ratificar una decisión que ellos ya han tomado. Así, sin el cumplimiento de las normas, nunca habrá un referendo válido, porque no se puede hacer como lo pretenden.

Si bien pueden comprenderse los motivos que han llevado en tantas ocasiones a que se vote por la separación, entre ellos el malestar porque siendo la región que más ingresos fiscales le genera a la nación no siente que sea retribuido de forma equilibrada, no es recurriendo a medidas ilegales como lograrán ser escuchados. Como lo decía un editorial de El País de España, “el sectarismo de los organizadores se ha multiplicado, ya han olvidado hasta el derecho a decidir, para abonar directamente la ruptura abrupta”.

Como toda España, Cataluña es una región con características particulares con idioma y costumbres propias. Pero es ante todo parte de España y sus habitantes han reconocido la vigencia de la Constitución aprobada en 1978. No es una colonia, no es un pueblo sometido por la fuerza ni es con invocaciones al derecho internacional como los promotores del referendo secesionista podrán separarse. Menos aún, cuando la Unión Europea y la inmensa mayoría de la comunidad internacional han condenado el desconocimiento de la ley para producir la división.

España ha actuado en consecuencia, y la Justicia ha emitido las sentencias que declaran la ilegalidad de la convocatoria. Además, la Fiscalía ha comunicado a las autoridades de Policía que impidan la consumación de un acto que desconoce las leyes. Con lo cual puede anticiparse que se producirán hechos de los cuales deberán responder quienes insisten en imponer una consulta ilegítima e inconveniente.

Mantener la unidad del país y defender la constitucionalidad es el mandato del Gobierno y de las demás instituciones que deben ante todo respetar el orden legal. Así lo han hecho hasta ahora, con serenidad y firmeza, contrastando con el populismo y las medidas excluyentes de quienes desde la Generalitat promueven el desconocimiento de las normas.

Algún día deberá realizarse una consulta para definir el asunto. Pero por ahora no podrá usarse el referendo ilegal del próximo primero de octubre para producir un hecho que perjudicará en primer lugar a los catalanes.