El desafío de los violentos

La situación del departamento del Cauca y de sectores del sur del Valle vuelve a ser motivo de preocupación. Aunque no son razón para el alarmismo, los hechos presentados en las últimas semanas deben llamar a la reacción de las autoridades para impedir su repetición.

La semana que termina registró la captura de 118 kilogramos de dinamita en el municipio de Suárez, en manos de miembros del Eln. Así mismo, un bus fue incinerado en la vía entre Padilla y Corinto y en la vereda El Llanito de Florida, el Epl atacó a un grupo de trabajadores de un ingenio azucarero, destruyendo la maquinaria que adelantaba labores de campo. Además, se han producido atentados con bombas en las carreteras contra patrullas de policía en zonas de El Patía e Inzá y en la vía Panamericana entre Popayán y Cali capturaron a dos personas con granadas de fragmentación que al parecer se disponían a realizar ataques contra la Fuerza Pública.

El relato de esos hechos puede ser mucho más amplio, y no incluye los actos ya cotidianos producidos por el narcotráfico o la minería ilegal. Son realidades que se extienden hasta los territorios que conducen al litoral pacífico y comprometen municipios como Jamundí, Santander de Quilichao, Guapi, Buenaventura y la zona del río Naya.

Como puede observarse, la delincuencia está mezclando objetivos en apariencia políticos como la disputa de algunas comunidades indígenas por la tierra en el norte del Cauca o los actos de organizaciones guerrilleras contra las autoridades, con la continua acción de la delincuencia común y organizada por defender sus negocios criminales. Es esa situación la que con frecuencia ha ocasionado el reclamo de los gobernadores de ambos departamentos y los alcaldes de algunos de esos municipios pidiendo la protección de las regiones comprometidas.

Todo ello se produce en momentos en los cuales existe un nerviosismo explicable por el terrorismo que empezó el año con el criminal atentado contra la Escuela General Santander en Bogotá, donde murieron 21 personas y 68 más quedaron heridas. Y aunque por sí sólo ello no indica que existe un plan para realizar más ataques de esos en el Valle y el Cauca, los ataques y denuncias aquí relacionados hacen necesario el pronunciamiento de las autoridades nacionales que aclare el panorama.

Y unido a ese pronunciamiento se requiere el aumento en la presencia de la Fuerza Pública para impedir que la delincuencia siembre la intranquilidad y la desconfianza en zonas rurales y cascos urbanos. Para el ciudadano del común, esos atentados siembran la zozobra que se vivió en otras épocas y se convierten en los peores enemigos de la tranquilidad, el trabajo y la inversión.

Todos quisiéramos decir que la paz está por encima de cualquier consideración y que debemos procurar el diálogo. Pero la delincuencia, llámese como se llame, está al acecho y en el caso del suroccidente colombiano desafía al Estado. Por ello debe hacerse lo que sea necesario para devolverle la calma y la seguridad al Cauca, al sur del Valle y a sus habitantes, preocupados como están por la oleada de ataques con la cual la delincuencia inició el 2019 en nuestra región.
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