El desafío de los paros

El desafío de los paros

Enero 14, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Para los promotores del movimiento no importaron los derechos de los colombianos que demandan justicia. Y no hubo funcionario que se atreviera a solicitar la declaratoria de ilegalidad de un paro que afectó un servicio público fundamental para la Nación.

Luego de negociar con 63 sindicatos de guardas pertenecientes al Instituto Nacional Penitenciario el retiro de su protesta, la determinación de impedir que continuara el paro decretado por un sindicato permitió regresar la plena prestación del servicio público más importante para un país civilizado. Es hora de pensar si el daño causado hasta ahora, y la burla que significa para las instituciones, no son suficientes para tomar las decisiones y aplicar los cambios que reclama la Justicia en Colombia.Por supuesto, el país respira con alivio luego de la noticia. Pero no puede quedar tranquilo. Parece increíble que un paro como el que protagonizaron las decenas de sindicatos, dizque por las condiciones infrahumanas en que transcurren sus labores y las que padecen los miles de detenidos en las cárceles, se haya podido solucionar con doce mil millones de pesos. Y que las concesiones del gobierno se hayan referido al pago de bonificaciones y reconocimientos que parecen necesarios y justos.La pregunta es por qué debió llegarse a una parálisis que desbordó las estaciones de policía, produjo fugas y, sobre todo, dio paso a un deplorable espectáculo de desconocimiento a los derechos humanos de quienes, culpables o no, estaban a cargo del Estado. Y por qué razón no se aprovechó la oportunidad para profundizar las soluciones que reclama el sistema penitenciario, una calamidad que padecen decenas de miles de personas alojadas en cárceles vetustas, en condiciones precarias y a merced de mafias que controlan esos centros.Lo peor está en el desafío de un sindicato que agrupa al 12% de los empleados judiciales. Durante 73 días paralizaron la Justicia en una porción importante de juzgados en varios departamentos, afectando 137.821 procesos y causando pérdidas económicas enormes. Su reclamo: que una prima autorizada en el paro de hace dos años fuera considerada como sueldo para efectos de sus prestaciones. Y no contentos con el daño, decidieron suspender el movimiento por las vacaciones colectivas de la rama, lo cual, por supuesto, los hace beneficiarios del pago de esas vacaciones.Para los promotores del movimiento no importaron los derechos de los colombianos que demandan justicia. Y no hubo funcionario que se atreviera a solicitar la declaratoria de ilegalidad de un paro que afectó un servicio público fundamental para la Nación. Ahora, ante la posibilidad de que continuara la afrenta, el Gobierno, la Fiscalía, el Consejo Nacional de la Judicatura y los compañeros de los huelguistas se unieron para impedirlo. Pero ya se sabe que el paro fue suspendido mas no terminado.Esos desafíos a las instituciones se han convertido en constante. Y las soluciones siguen siendo paños de agua tibia para aliviar un enfermo gravísimo. Es la Justicia que padece el deterioro reiterativo de su credibilidad ante los ciudadanos, porque muchos de quienes la integran prefieren convertirla en rey de burlas y en motivo para mejorar sus intereses individuales. Y porque los dirigentes del Estado creen que la solución consiste en arreglar las discordias con las Altas Cortes.

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