El desafío de Colombia

Las llamadas del Fiscal General de la Nación no dejan dudas: el sistema acusatorio, y con él la justicia penal en Colombia, está al borde del colapso y necesita correctivos urgentes.

Pese a lo dramático del llamado, debe empezar por reconocerse que la noticia no es nueva. Por el contrario, es un mal arrastrado por veinticinco años que no parece mover las fibras del Estado para enfrentar un fenómeno que termina deslegitimando las instituciones e incentivando la violencia a través de la impunidad que permite la burla de los delincuentes, y la recurrencia de los ciudadanos a ejercer la justicia por mano propia, algo más cercano a la venganza que al restablecimiento de los derechos lesionados.

Las cifras son de por sí escalofriantes. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, en un 95% los procesos que llegan a los jueces terminan sin sentencia. Se sabe también que existe un represamiento del 90% de los casos a la espera de una audiencia de imputación de cargos, y de acusados que llevan esperando años a que les dicten sentencia a pesar de haber aceptado sus responsabilidades.

No menos impactante es saber que, según el fiscal Néstor Humberto Martínez, el aumento en la eficiencia de la entidad investigadora ha llevado a un represamiento de cerca del 90% de los procesos que llegan a los jueces. Y ahora, los efectos de las leyes que aplazaron la solución al problema causado por la falta de decisión y el vencimiento de los términos para resolver la situación de más de diez mil detenidos se empiezan a reflejar en la obligación de dejarlos libres a pesar de la peligrosidad que en muchos casos representan.

Pero la crisis tiene que ver también con los aumentos de denuncias sobre corrupción al interior de la Fiscalía, de algunos despachos judiciales, de la Policía y de las administraciones de las penitenciarías. Casos como el de la cárcel de Yotoco donde personas de gran peligrosidad tenían acceso a toda clase de privilegios y libertades, o de lo ocurrido en Villavicencio donde una organización que incluía Magistrados del Meta, tenía tarifas para toda clase de burlas a la Justicia, indican el estado al cual ha llegado el sistema penal en nuestro país.

Diez años después de iniciado el sistema acusatorio que en su momento se presentó como la solución a la justicia penal, los problemas son angustiosos y las soluciones no parecen ser la prioridad de los poderes públicos. Ahora, cuando la adopción de la justicia transicional se empezará a aplicar como parte del acuerdo con las Farc, es más que necesario revisar la justicia penal ordinaria, hacer los ajustes y las rectificaciones que sean necesarias y ajustar los instrumentos para detener la corrupción.

Por eso hay que recalcar cuantas veces sea necesario sobre la necesidad de actuar, de crear una política criminal seria y de destinar los recursos que sean precisos para recuperar a la Justicia como el valor indispensable para combatir el delito, promover la convivencia y devolverle la credibilidad al Estado de Derecho. Ese es el desafío que enfrenta hoy nuestro país.