El deber de los jueces

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El deber de los jueces

Septiembre 17, 2019 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Han pasado varios meses en los cuales la Corte Suprema de Justicia sólo tiene dieciocho de los veintitrés magistrados que la conforman, y sin que haya sido posible que los existentes cumplan con la obligación de elegir a quienes llenarán esas vacantes. Es la Justicia en interinidad, aguardando a que se puedan superar las luchas internas y construir el consenso necesario para que la Institución pueda cumplir sus funciones de manera plena.

Se dice que en la Corte existen presiones para mantener cuotas a los exmagistrados que son acusados de pertenecer a los carteles de la toga, asociaciones mediante las cuales se vendían fraudes y favores a personajes que son juzgados por el alto tribunal. Y en otras informaciones se habla de enfrentamientos entre diferentes grupos de magistrados para obtener las mayorías y el consecuente poder que de ellas se deriva, como decidir la elección del Fiscal General de la Nación y participar en los procesos de escogencia que la Constitución le atribuye a la Corte.

Cualquiera que sea la razón, esa reiterada demora le está causando serios perjuicios tanto a la credibilidad de la Corte Suprema como al cumplimiento de las funciones que le corresponden. Lo primero, puesto que no es fácil comprender que si la Carta les otorga a los magistrados el poder de designar sus integrantes se presenten esos vacíos con frecuencia. Y lo segundo, puesto que es difícil de entender que la rama Judicial, y la Corte es la cabeza de ella, se queje de exceso de procesos por resolver y falta de jueces para estudiarlos y fallarlos, mientras esa cabeza no haya podido designar a tres de sus integrantes.

Más aún, es claro que en los próximos sesenta días se retirarán dos magistrados más por cumplimiento de los períodos para los cuales fueron designados. Entonces, ese Tribunal tendrá apenas dieciséis jueces, justos los que se necesitan para conformar la mayoría absoluta para tomar decisiones trascendentales para el país como la elección del Fiscal General que reemplace al renunciado Néstor Humberto Martínez Neira.

Y no es que el Fiscal encargado no cumpla con los requisitos o no cumpla con su deber. O que la demora sea responsabilidad del Presidente de la República en presentar la terna para que la Corte elija, lo cual se explica por la precariedad del quórum existente. Por el contrario, el fiscal Fabio Espitia ha cumplido con su encargo y el Ejecutivo ha evitado el manoseo innecesario de los posibles nominados, que se produciría ante el riesgo que significa el tener una Corte incompleta.

Lo que está ocurriendo con la elección de los magistrados faltantes demuestra hasta dónde se está interpretando la facultad de elegirlos a ellos y al Fiscal como una prerrogativa y no como lo que es, una obligación irrenunciable de quienes deben velar por ofrecerle a la Nación una recta, cumplida y eficiente Justicia. Ese es el deber consagrado en la Constitución Nacional que los jueces deben acatar para asegurar el respeto a la ley y recuperar la confianza de los colombianos, hoy confundidos ante lo que no parece tener justificación alguna.

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