El debate nacional

A pocas semanas de terminar la primera legislatura, el balance de lo alcanzado en el Congreso de la República vuelve a dejar sin cumplir las expectativas de la Nación sobre los cambios que requiere el Estado. Van ya dos períodos de sesiones en los cuales la confrontación partidista se ha impuesto sobre la necesidad de adecuar las instituciones para que puedan resolver los graves problemas que acosan a los colombianos.

La disputa partidista es esencial a la democracia, le da oxígeno y genera el intercambio de propuestas que permiten sintonizar la política con las necesidades del país. Pero hace daño y termina siendo estéril, cuando se da en medio de confrontaciones y protagonismos que impiden construir liderazgos claros para guiar a la Nación y evitar la parálisis que hoy parece presentarse en Colombia.

En efecto, parece increíble que en tantos años la política no haya podido sacar adelante las reformas que reclama con urgencia la Justicia, el servicio público más importante para asegurar la paz mediante la preservación de los derechos que constituyen un Estado Democrático. O que no haya sido posible cambiar el régimen electoral, sumido hoy en el desprestigio que ocasionan los abusos, la corrupción y la casi total indiferencia frente a las necesidades de los ciudadanos.

Por el contrario, las últimas dos legislaturas han sido la expresión clara de que muchas cosas no están funcionado para proteger el bien común, el que cubre a todos los colombianos sin distingo de color político.
Aunque quiera justificarse en el resultado de las elecciones del Congreso que dejaron al nuevo gobierno en minoría dentro del Legislativo, tal actitud sólo está llevando a un callejón sin salida, donde los pequeños intereses le roban el espacio a la grandeza que se requiere para afrontar los desafíos que enfrenta nuestra sociedad.

Como consecuencia, la lucha contra la corrupción y las propuestas de las campañas electorales de hace un año para hacerla posible ya parecen cosa del pasado y están al borde de hundirse o de fracasar. Enfrente está una nueva polarización entre quienes quiere demostrar su poder de neutralizar el tránsito de las iniciativas gubernamentales en el Congreso, y quienes pretenden mantener la confrontación como argumento para conseguir respaldos populares.

Y no es ya un asunto de seguir discutiendo sin fin sobre la paz, la Justicia Especial de Paz o las excepciones a la ley que reglamentó su funcionamiento. Es ante todo la obligación de responderles a los votantes y a todos los colombianos sobre las dificultades que tiene el Estado para llegar a todo el país, de tener una Justicia rápida y cumplida, y de consolidar las bases para que la economía pueda responder a las necesidades de progreso que tiene la Nación.

Esas obligaciones parecen desplazadas por el debate partidista y por la ausencia de un liderazgo capaz de poner los intereses nacionales por encima de la política menuda. Es la crisis causada por falta de grandeza que debilita al Estado de Derecho porque aleja a los ciudadanos de sus instituciones. Ese es el elemento a superar sin que signifique renunciar a las diferencias que dan vida a la política.