El compromiso de la verdad

La Ley de Víctimas es el reconocimiento de que esa violencia dejó millones de personas desplazadas, produciendo una enorme reforma agraria impulsada por las ambiciones de quienes usaron la fuerza para enriquecerse, cubriendo sus intenciones con aparentes discursos políticos.

Con la expedición de los decretos que desarrollan la llamada Ley de Víctimas, el presidente Juan Manuel Santos dio inicio al cumplimiento de uno de los compromisos más importantes en la historia de Colombia. Durante los próximos diez años, el país deberá cumplir la promesa oficial de resarcir a quienes la violencia irracional les arrebató su dignidad, les destruyó sus familias y los despojó de su patrimonio. La Ley de Víctimas es el reconocimiento de que esa violencia dejó millones de personas desplazadas, produciendo una enorme reforma agraria impulsada por las ambiciones de quienes usaron la fuerza para enriquecerse, cubriendo sus intenciones con aparentes discursos políticos. Un despojo que ha sido posible por la debilidad del Estado en su obligación de defender la vida, la honra y el patrimonio de los ciudadanos legítimamente adquirido.Hasta ahora, el esfuerzo en que se ha empeñado el actual Gobierno fue posible por el consenso que ha logrado la unidad nacional entre las fuerzas políticas. Con ello, y después de reconocer la existencia de un conflicto en Colombia, se logró crear un mecanismo de justicia transicional para que el Estado asuma la obligación de reparar a quienes han padecido la violación de sus derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Es la forma de resolver uno de los más grandes dramas sociales de la Nación, de enfrentar la necesidad de saber la verdad sobre lo acontecido en nuestro país y de resarcir los daños e impedir su repetición hacia el futuro.Los decretos expedidos el pasado lunes son el desarrollo de los principios consagrados en la ley aprobada hace seis meses en el Congreso, luego de largas y difíciles discusiones. En ellos se da vida a entidades como la Unidad de Restitución de Tierras, conformada por los jueces y los magistrados que tendrán a su cargo la aplicación de las normas que aseguran la devolución de sus propiedades a los desplazados por la violencia. De otra parte se empezará a elaborar el registro único de víctimas, mecanismo que simplificará los procedimientos, evitará los posibles fraudes y facilitará la entrega de las indemnizaciones definidas.Se dio así el primer paso de un propósito llamado a convertirse en la solución que, como bien lo dijo el presidente Santos, si bien no borrará las heridas dejadas por el prolongado conflicto, si servirá para cicatrizarlas. En ella, el Estado adquiere la obligación de impedir que los factores de violencia que aún sobreviven sigan causando daño en el campo colombiano o se opongan a las decisiones que se están tomando en materia de restitución de tierras, mediante la amenaza y el asesinato.Colombia dio un paso trascendental al adelantarse al final del conflicto y aplicar principios novedosos en materia de reconciliación. Por eso, los colombianos deben apoyar este gran esfuerzo para sanar las heridas dejadas por la mezcla de barbarie, indolencia y ambición que padeció la Nación en las últimas décadas. Y estar atentos para impedir que sus propósitos sean desviados por intereses políticos o que los grupos de violencia aún supérstites frustren la posibilidad de tener una solución civilizada.