El círculo vicioso

El Pacífico y su lamentable situación de abandono que lleva a la violencia y el desplazamiento, siguen siendo uno de los temas que más pesa en los problemas sociales de la Nación. Por ello hay que insistir en la necesidad de ofrecer soluciones que superen el asistencialismo con el cual se ha venido tratando la crisis de esa región.

En la audiencia pública citada por la Defensoría del Pueblo en Cali, el Defensor repitió lo que dijo ante la Corte Constitucional el pasado 30 de julio: en el Pacífico “no existe el Estado, solo encuentro a los ciudadanos que viven ahí. Nadie más está en esa zona”. Como consecuencia, existen 17 nuevos grupos de violencia, muchos de ellos conformados por disidentes de las Farc y otros pertenecientes al ELN o a las denominadas autodefensas gaitanistas.

Esa presencia de la ilegalidad no sólo explota el narcotráfico. Se dedican también a la minería ilegal y a destruir las comunidades indígenas y afrodescendientes, a las cuales les arrebatan sus bienes, les obligan a colaborar, reclutan a los menores de edad y destruyen su cultura y sus valores. Como dijo uno de sus líderes, “el Estado sigue siendo precario, marginal y ausente en su conjunto”. Y lo ratificó el general Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares al afirmar ante la Corte Constitucional que hay “ausencia del Estado y presencia de grupos armados ilegales”.

Todo ello genera desplazamiento con sus consecuencias. Según la Defensoría, cerca del 39 % de casos de desplazamiento en Colombia son aportados por el Pacífico colombiano. Cabe agregar que en su mayor parte se canaliza por Buenaventura, para luego llegar a Cali desde donde se queda una parte y el resto se desparrama por las ciudades o se va al exterior.

Así de cruda es la realidad que se conoció en las audiencias ante la Corte Constitucional y en la Cámara de Comercio de Cali. Frente a ello, la respuesta de los gobiernos en los últimos años ha sido distribuir sumas que parecen importantes, pero que se quedan cortas ante la magnitud del desastre social, cultural, ecológico y de seguridad que padecen los cientos de miles de colombianos que habitan el Litoral Pacífico.

La otra cara de la respuesta es la presencia de la Fuerza Pública, la creación de planes para enfrentar a los delincuentes y la exigencia de resultados que sin duda son efectivos cuando se realizan y se mantienen en el tiempo operaciones como la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, en Nariño, o los que se desarrollan en el Chocó para combatir las bandas que han amenazado y atacado a las comunidades de la región. Pero siguen explotando la minería ilegal que acaba la selva y envenena de mercurio una de las zonas más ricas en biodiversidad de Colombia y del planeta.

Como lo muestra la historia reciente, todos esos planes tienen un final y la violencia recrudece cuando, como debe suceder, la Fuerza Publica reduce la intensidad de sus acciones. Es como un círculo vicioso que atrapa al Pacífico colombiano, el cual sólo puede ser resuelto cuando exista la decisión de ofrecer alternativas reales de progreso que detengan lo que se puede calificar como una verdadera tragedia humanitaria, inaceptable para un país democrático como el nuestro.
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