El círculo vicioso

La pregunta es si la sociedad y su Estado están preparados para responder al desafío que representa ese consumo. Con el agravante de que allí no están contemplados los efectos que causa en los ingresos públicos el contrabando de alcohol, una verdadera vena rota que ha sido imposible de cerrar y ni medir.

Con pocas excepciones, el mundo ha reconocido el esfuerzo de Colombia para erradicar la producción de drogas ilícitas y su compromiso en el combate a las organizaciones criminales que aún hoy siguen siendo una amenaza para la sociedad. Sin embargo, el “Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Sicoactivas” publicado por el Gobierno, vuelve a poner de presente la forma en que aumenta el consumo interno de esas drogas, planteando nuevos retos para una Nación que no parece estar preparada para enfrentarlo. Por supuesto, la entrada al mundo de esos consumos está en el alcohol, toda vez que el 87% de los encuestados en el estudio citado afirma haber ingerido licor, la mitad de los cuales está en el rango comprendido entre los 18 y 24 años. En cifras absolutas, el cálculo de los consumidores se eleva a cerca de 8 millones. Así mismo, 2,5 millones de ellos presentan un uso que el estudio califica como “riesgoso”. Son cifras que revelan el efecto que tiene el consumo de alcohol sea considerado socialmente aceptable e incluso se consideren como fuente de ingreso de los Departamentos. Luego está las llamadas drogas ilícitas, que se calculan en casi 3 millones de consumidores, encabezando los cuales están los que usan la marihuana, seguidos de la cocaína, el basuco y de las drogas pesadas como la heroína y las sintéticas como el éxtasis. Esa clasificación va directamente relacionada con su costo y la capacidad adquisitiva de quienes son sus usuarios, lo que indica la facilidad para permear a todos los estratos socieconómicos. La pregunta es si la sociedad y su Estado están preparados para responder al desafío que representa ese consumo. Con el agravante de que allí no están contemplados los efectos que causa en los ingresos públicos el contrabando de alcohol, una verdadera vena rota que ha sido imposible de cerrar y ni medir. Y mucho menos, el daño que causa a las familias y en las comunidades, además de los recursos públicos que demanda la persecución a las organizaciones criminales que se nutren del tráfico, aparte de los costos que deben afrontarse por las conductas delictivas que se generan. Así, la directa perjudicada por esa tendencia creciente al uso de sustancias que alteran el comportamiento es la sociedad, mientras los consumidores destruyen su vida y sus posibilidades de progreso. Y frente a esa realidad, el Estado parece no tener una respuesta, porque no puede controlar ni la oferta ni la demanda. En tanto, los traficantes reciben ganancias aún desconocidas que generan los recursos suficientes para corromper y tratar de comprar la impunidad. Es un verdadero círculo vicioso que no se resuelve con la legalización si no hay la educación que se requiere para cambiar el comportamiento frente al alcohol y las drogas. Y si no existe la decisión de encarar el problema con la decisión que corresponde. Mientras eso no ocurra, la represión seguirá siendo el recurso, así el consumo siga destruyendo vidas y hogares y las estadísticas que revela el Estudio citado demuestren que vamos por el camino equivocado.