El chantaje contra Cali

Contrario a lo que esperaban las autoridades municipales, la jornada del pasado miércoles se convirtió en la oportunidad de bloquear a Cali y causar desconcierto ciudadano mediante la metódica realización de tomas en las vías principales. Fue de nuevo la utilización del derecho a la protesta social para afectar los derechos colectivos, tratando de mostrar el poder que no tienen los promotores de esas acciones.

Desde el día anterior se sabía que quienes dirigían la movilización iban a tomarse las entradas de la ciudad desde las cuatro de la mañana. En efecto, pequeños pero bien organizados grupos procedieron a realizar esos actos, ilegales y rechazados por la inmensa mayoría de ciudadanos que protestaron contra lo que sin duda fue una estrategia calculada para sembrar el caos que produjo daños y perjuicios de todo orden a miles de personas que tienen su residencia en las afueras de la ciudad o necesitan realizar sus gestiones en la capital vallecaucana.

Luego vinieron las marchas con muy pocas personas, protagonizadas en especial por las organizaciones sindicales de carácter oficial y en las cuales se incluyó una delegación de novecientos indígenas transportados desde el departamento del Cauca. Su derecho nunca fue perturbado y por el contrario, el Alcalde de Cali, el Esmad y los demás organismos de seguridad sirvieron de garantes para que se produjeran las marchas y manifestaciones en completa paz.

Y en las horas de la tarde llegaron los desórdenes protagonizados por los encapuchados que en grupos pequeños sabotearon el tráfico en varias vías de la ciudad y se resistieron a levantar el bloqueo en los accesos a Cali. Esos reductos, que recibieron el clamoroso rechazo de la inmensa mayoría de los caleños y de todas las personas que de una u otra manera fueron perjudicadas por sus abusos, debieron ser desalojados al caer la noche por la Fuerza Pública.

Ese es el resumen de una jornada que demostró la poca capacidad de convocatoria de quienes sólo les quedan las vías de hecho y la perturbación de los derechos de los ciudadanos para presionar concesiones del Gobierno. Así sea autorizada la marcha por las autoridades municipales, es el uso inaceptable de la fuerza con la cual se crea desorden, ocasionando daño a la sociedad y convirtiendo de nuevo a Cali en rehén de una minoría.

La lección debe estar aprendida. Es el momento de no seguir cayendo en la ingenuidad, y de reclamar que la Justicia y los organismos del Estado actúen con la ley en la mano contra el desorden que se pretende sembrar, desconociendo los derechos de quienes necesitan transportarse, quieren trabajar y vivir en forma tranquila.

A las autoridades les debe haber quedado claro que la ciudad es uno de los principales objetivos de quienes siembran el caos aprovechando la protesta social. Y que su deber constitucional es proteger a la comunidad, garantizando el libre ejercicio de sus derechos a los dos millones quinientos mil caleños que el pasado miércoles fueron víctimas de la intimidación, de la violencia y el abuso protagonizados por una ínfima minoría bien organizada.