El centro y las regiones

El centro y las regiones

Julio 29, 2018 - 06:55 a.m. Por: Editorial .

Entre las múltiples causas de los problemas que se viven en Colombia con respecto a la solución de las necesidades de la población, la relación institucional entre el Gobierno central, las regiones y los municipios es una de las claves. Revisar las falencias y definir e implementar las soluciones debería ser una de las prioridades para el Gobierno y la Legislatura que se inician.

Cuando se analizan los problemas de violencia, de ilegalidad que crece y de falta de oportunidades que afectan a gran parte de la geografía nacional, la ausencia del Estado y el vacío de autoridad aparecen siempre como una causa, tal vez la más poderosa de todas. Frente a ello, la respuesta casi siempre proviene de decisiones tomadas en la capital de la República, donde se crean programas que son manejados directamente desde el centro y con poca participación de las autoridades locales y regionales.

Y entre tanto, a municipios y departamentos se les señala siempre que empieza la discusión sobre el presupuesto nacional y las propuestas de reformas tributarias. A manera de ejemplo, se dice que decisiones como las transferencias y participaciones que debe girar la Nación a las regiones imponen rigideces que dificultan la labor del Estado, por lo cual deben reducirse, sin tener en cuenta que esas participaciones son el sustento de la educación y salud públicas que reciben millones de colombianos.

Sin duda, esos servicios son a su vez afectados por el clientelismo y la corrupción que acarrean, producto a su vez de una institucionalidad que se mencionó en la Constitución de 1991 y aún no se ha desarrollado. De ahí que centenares de alcaldes y gobernadores hayan terminado con graves problemas judiciales, mientras existen decenas de contralorías municipales que realizan una pobre labor de control, ya que son focos de favores antes que guardianes del patrimonio público.

Todo ello crea desconfianza entre los tres niveles de la administración pública y lleva al centralismo que aleja al ciudadano, no entiende la región y dificulta el ejercicio del gobierno, promoviendo también el proceder irresponsable de los cargos de representación popular. Es la descentralización mal entendida que impide el cumplimiento de los fines del Estado como organización al servicio de la Nación y el desarrollo equilibrado.

Centralización política y descentralización administrativa han sido objetivos de nuestro ordenamiento jurídico desde 1886, refrendados en 1991. No obstante, su desarrollo parece una utopía, en tanto la labor del Estado ha sido objeto de permanentes negociaciones que reparten cuotas de poder a cambio de respaldos y votos e impiden cumplir ese mandato.

Hoy, Colombia es un país desequilibrado, donde crecen las ciudades como Cali de manera desordenada mientras muchas provincias parecen condenadas a la violencia porque la respuesta del Estado es precaria y sus gobiernos no pueden atender las necesidades. Desatar ese nudo requiere de voluntad política para revisar y actualizar el mandato constitucional sobre la descentralización, requisito fundamental para ejercer la soberanía en todo el territorio nacional.

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