El censo de la duda

La sorpresa de esta semana estuvo a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, y su publicación de los resultados oficiales del Censo 2018. Entre datos totales, algunos incompletos y muchos cuestionados, Colombia recibió la notificación de uno de los instrumentos más importantes para definir sus políticas públicas.

Descubrió por ejemplo que su población no es de 50 millones de seres humanos como lo había calculado el Dane, sino, y apenas, de 45,5 millones. Como bien lo definió la BBC de Londres, es un “descache” de apenas cinco millones, suficiente para poner patas arriba asuntos tan cruciales como la asistencia social, la política de subsidios, la seguridad y los índices de delincuencia o las participaciones y regalías que reciben los departamentos y municipios del presupuesto nacional.

Por ejemplo, y según esos resultados, para septiembre habían 47 millones de personas afiliadas al sistema de salud, lo que significa que hay 1,5 millones más que la población total. ¿A dónde irá a parar la plata que se destina a su atención? También puede decirse que el ingreso per cápita de los colombianos sería de 16.000 dólares anuales, lo que le deja por encima de países como Brasil y con menos cantidad de personas en condiciones de pobreza, obligando a revisar las cifras sobre los afiliados al sistema de salud subsidiada, al Sisbén y a programas como Familias en Acción.

Y en términos de criminalidad, ello quiere decir que tenemos una tasa de homicidios de 26 por cada 100 mil habitantes y no los 23,9 que decían las autoridades. También quedará en duda el déficit de policías por número de habitantes, una de las más socorridas disculpas de las autoridades para explicar la inseguridad que se vive en ciudades como Cali.

Y como ya no tenemos 14 millones de hogares sino 11,6 millones, deberán reducirse muchos de los subsidios a la vivienda o las devoluciones del IVA que se proponen en la reforma tributaria, lo que rebajaría en casi quinientos mil millones de pesos el costo de la propuesta. De otra parte, el que la población se esté envejeciendo porque hay menos jóvenes, hogares más pequeños y menos natalidad, implicará un cambio en la orientación de las políticas sobre salud.

Así, lo que se produjo afectará de manera grave los ingresos de los Departamentos y Municipios, limitando su capacidad para atender sus problemas. Es el caso de Cali, donde se dice que hay 1,9 millones de habitantes, 600.000 menos de lo estimado con base en el censo de 2005, y del Valle, que apenas tiene 4,8 millones de pobladores. Para explicar esa cifra, el director del Dane argumentó que en la capital vallecaucana no pudieron llegar a muchos hogares debido a la reticencia de sus integrantes.

Está claro que el Censo del 2018, tan criticado y tan advertidas sus falencias, queda en duda como instrumento para definir políticas públicas porque tiene un margen de error del 9 %. Y si se aplica como debería ser, a partir de él las divergencias entre todos los niveles del Estado y la credibilidad de las políticas públicas quedarán en entre dicho, lo que dificultará la aprobación que debe otorgarle el Congreso.