El cambio es profundo

En medio de la crisis producida por la epidemia, los gobiernos municipales y departamentales se encuentran en el proceso de aprobación de sus planes de desarrollo. Sin embargo, sería aconsejable detener esos trámites ante la gravedad de lo que está sucediendo y el enorme impacto que tendrá en sus fuentes de ingresos y sus posibilidades de cumplir lo prometido.

De todo lo sucedido hasta ahora, puede deducirse que el Estado colombiano en sus diferentes niveles fue sorprendido por la llegada del Covid-19, la amenaza desconocida de sus consecuencias y la necesidad de enfrentarla a como diera lugar. Como ha ocurrido en todas partes del planeta, los gobernantes han tomado medidas drásticas para defender la salud, incluyendo la parálisis de la actividad social.

Ello ha implicado también una respuesta profunda en término de gasto en el sector salud y de auxilio, y al tener que entregar subsidios de diversas clases a la población, a las empresas y a los mismos funcionarios. Así mismo se han tomado medidas que afectan los ingresos públicos como suspenderse el recaudo de los impuestos y tener que ofrecer descuentos y financiaciones a los contribuyentes, además de paralizar en gran medida la actividad de las entidades que prestan servicios.

Hay pues una verdadera emergencia que en los departamentos y municipios se traduce en un cambio dramático en sus actividades, en sus rentas y en la proyección de sus actividades para los próximos años. No es difícil advertir que los ingresos que les generan impuestos como el predial, la venta de servicios como el agua o la energía y productos como los licores están seriamente afectados por la parálisis y su futuro no es el más optimista ante las dificultades que enfrentarán los ciudadanos y los mercados.

Esa realidad que afecta a los entes locales y regionales contrasta con el estudio de los planes de desarrollo que ordena la Constitución a los mandatarios elegidos el pasado 27 de octubre, y que se lleva a cabo en concejos y asambleas. Son planes discutidos, ‘socializados’ y acordados con las comunidades antes de la emergencia, cuyas cifras y orientaciones responden a las políticas trazadas por cada gobernante.

Pero las cosas han cambiado en forma radical y puede decirse que por un tiempo serán graves los efectos que la recesión tendrá en los bolsillos de sus contribuyentes y en las finanzas públicas. En nuestro caso, los planes de desarrollo del Valle, que contempla una inversión de 8,3 billones de pesos entre el 2020 y el 2023, y el de Cali que anuncia una inversión de 24,4 billones en el mismo período, quedarán en el aire.

La situación no será la misma que cuando se diseñaron y acordaron los planes de desarrollo, y, por el contrario, está claro que las circunstancias obligarán a decisiones que reduzcan el gasto público y le den prioridad a la recuperación de la actividad social. Por lo tanto, es de esperar que en los procesos que se adelantan se haga la reflexión necesaria para evitar que esos documentos se transformen en compromisos imposibles de cumplir y en frustraciones tanto para los ciudadanos como para los gobernantes.