El bazar de los contratos

Organizaciones de músicos que contratan obras de ingeniería como la construcción de puentes y carreteras, o grandes empresas de ingeniería que reciben cuantiosos contratos para ser gestores culturales o suministrar alimentos a los colegios. Todo eso y mucho más es posible encontrarlo en el bazar en que derivó la contratación pública en Colombia, donde los recursos de las regiones, además de los nacionales, quedan atrapados en la corrupción bien organizada y mal combatida.

Organizaciones de músicos que contratan obras de ingeniería como la construcción de puentes y carreteras, o grandes empresas de ingeniería que reciben cuantiosos contratos para ser gestores culturales o suministrar alimentos a los colegios. Todo eso y mucho más es posible encontrarlo en el bazar en que derivó la contratación pública en Colombia, donde los recursos de las regiones, además de los nacionales, quedan atrapados en la corrupción bien organizada y mal combatida. Los fenómenos arriba descritos no han salido de una novela del realismo mágico ni de un cuento de aquellos deslumbrantes que se producen a diario en nuestro país. Son afirmaciones que surgen de las investigaciones realizadas por la Auditoría General de la Nación a la aplicación de la ley 80 de 1993. Y están respaldadas por múltiples denuncias de la Cámara Colombiana de la Infraestructura sobre la mezcla de corrupción y clientelismo que se ha tomado desde hace muchos años la contratación de obras en las regiones colombianas, con descaro que asombra. Por ejemplo, para la Auditoría existe un entramado de 78 empresas y personas naturales que entre el 2014 y el 2016 'recibieron' contratos por 8.1 billones de pesos en casi todos los departamentos, y de la más variada gama de servicios, productos, comercios o emprendimientos. En todos ellos, el sistema de contratación se ha adecuado a sus propuestas y en muchos casos ha operado la adjudicación directa. Además, el entramado de contratistas tiene la particularidad de camuflarse como camaleones, cambiando de nombre, o de oferente, o de representante legal, según sean las necesidades del negocio. Para lograr ese objetivo, los contratistas mutan o crean cooperativas, fundaciones sin ánimo de lucro, empresas comerciales industriales, SAS, consorcios en los cuales los dueños del pingüe negocio están en las juntas directivas de las demás. Y puede pasar, como se descubrió con la alimentación escolar y se sabe de los suministros a la cárceles de todo el país, que los contratistas sancionados por sus incumplimientos o por fraude cambien de nombre para que los funcionarios que les adjudican los contratos se los entreguen de nuevo sin preguntar nada más. Todo eso fue denunciado por la Auditoría. Se conoce la lista de los contratistas, se sabe de su forma de operar y sus grandes beneficiarios. Y se conoce que ello se debe a los problemas que tiene la ley 80 de 1993, denominada el Estatuto General de la Contratación Pública. Pero, como muchos de los males del Estado que lo hacen prisionero de intereses corruptos, de la mala práctica profesional y de la falta de ética, cambiarlo ha sido un imposible. Con ello, además de dejar que prosperen la corrupción y sus explotadores, se ha consumido la credibilidad del Estado. No queda duda que uno de los grandes protagonistas de la inequidad es la corrupción y la demora en adoptar medidas para detenerla. Es de esperar que se aproveche la efervescencia de momento para declararle la paz a los bolsillos de los colombianos y la guerra al fenómeno destructor que se esconde detrás de la contratación pública.