El atajo

"...Con ello se ha tratado de impedir que haya una competencia entre proponentes, cambiándola por adjudicaciones a dedo sin importar la cuantía de la inversión, el tamaño de los proyectos o su contenido. Y sin garantizar que las entidades con las cuales se realizan tengan la experiencia e idoneidad para ejecutar los contratos...".

Durante muchos años, la contratación pública en Cali ha sido motivo de preocupación y de dudas con respecto a la actuación de las administraciones municipales. Ahora, la ciudadanía reclama explicaciones sobre lo que ha ocurrido en el Gobierno actual con respecto a la adjudicación de contratos mediante convenios administrativos y de asociación con entidades particulares.Con ello se ha tratado de impedir que haya una competencia entre proponentes, cambiándola por adjudicaciones a dedo sin importar la cuantía de la inversión, el tamaño de los proyectos o su contenido. Y sin garantizar que las entidades con las cuales se realizan tengan la experiencia e idoneidad para ejecutar los contratos, en vez de subcontratarlos, como ocurre en Cali.El ejemplo más notorio es la adecuación del estadio Pascual Guerrero, que empezó en $28.000 millones y dos años después puede costar más de $80.000 millones. La prudencia indica que debió existir una licitación pública. La realidad es que el Municipio prefirió contratar con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte en el Valle, entidad creada para vincular la empresa privada al deporte vallecaucano y no para realizar obras civiles. Por eso su estructura administrativa es mínima y nula su experiencia en la materia. Pero, al parecer, su valor estuvo en su sistema para contratar. Por eso se firmó el convenio, argumentando una supuesta agilidad para cumplir el compromiso con el mundial juvenil de fútbol. Ahora, la ampliación del gasto trata de justificarse aduciendo obras como museos en el estadio, mientras no se responden las inquietudes sobre la forma en que fueron escogidos los constructores, sus posibles vínculos con familiares del alcalde Jorge Iván Ospina y cómo se definieron los contratos. De esa manera se han realizado otros 102 convenios por cifras aún desconocidas. Y se utilizan entidades como la Empresa de Renovación Urbana para hacer elecciones, para comprar suministros, para construir colegios o para contratar como estructurador de las Megaobras al mismo contratista que estructuró los contratos de las vigencias futuras del departamento del Valle. O se firman convenios con la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali a sabiendas de sus limitaciones para ejecutar esos convenios. Más grave aún es que no hay transparencia ni se le explica a la ciudad por qué actúan de esa forma. Para conocer alguna información, El País ha debido presentar 40 derechos de petición y varias tutelas que obligan a cumplir el deber de darle transparencia a los actos de los gobernantes. ¿Qué tendrá que hacer un ciudadano del común para conocer lo que hacen los administradores públicos con el dinero de los contribuyentes?No en vano, el Gobierno Nacional propone acabar con esos convenios, justificados en su momento como la manera de acelerar la actividad del Estado y garantizar el eficiente manejo de los recursos públicos. Pero lo que ha ocurrido es que con ello se ha montado un atajo para burlar las normas, para impedir la transparencia y para no responder por lo que se hace. Un atajo que beneficia a la corrupción, perjudica a Cali y a todos los colombianos y destruye la credibilidad del Estado.