Ecuador, sin diálogo

En el caso particular de las protestas que encabeza un facción de la Conaie, la organización más fuerte de la población indígena, Correa no ha cumplido con los compromisos adquiridos con ella en el pacto de 2009. En especial con el que consideran el más sagrado de ellos, la creación de un estado plurinacional, en el que esas comunidades tuvieran un mayor nivel de participación y decisión.

El momento de crispación que por estos días vive Ecuador es el más delicado desde que el presidente Rafael Correa ascendió por primera vez al poder en 2007. Las marchas de protesta de un sector de la población indígena, respaldadas, entre otros, por dirigentes políticos de reconocido poder regional, comienzan a generar consecuencias. A los bloqueos de la Vía Panamericana se une la polarización entre partidarios y opositores al gobierno, y las decenas de lesionados y detenidos que entre estos últimos dejan los enfrentamientos con la policía.Protagonista de una historia contemporánea marcada por la incertidumbre y la inestabilidad democrática, Ecuador había tomado el carácter de nuevo milagro económico de la región y su infraestructura, en particular la vial, sacaban la cara por una administración, manchada por su empeño de amordazar la libertad de expresión y por eternizarse en el poder. Pero la presunta bonanza cambió en el espacio que tardaron los precios del petróleo en derrumbarse con los naturales efectos sobre su economía dolarizada, lo que produce las consecuencias más fuertes en el vecindario. En esas circunstancias, la suerte de Ecuador se hizo otra, y con ella la de Correa, conminado a transitar en un estrecho callejón, con un margen de maniobra cada vez menor. En el caso particular de las protestas que encabeza un facción de la Conaie, la organización más fuerte de la población indígena, Correa no ha cumplido con los compromisos adquiridos con ella en el pacto de 2009. En especial con el que consideran el más sagrado de ellos, la creación de un estado plurinacional, en el que esas comunidades tuvieran un mayor nivel de participación y decisión.Y si a eso se agrega que asuntos tan sensibles como la Ley de Minas y la Ley de Agua que impulsa la mayoría parlamentaria afín a Correa antepone intereses privados o estatales a los de la población indígena, la distancia entre el Presidente y la Conaie, aparte de ser cada vez más grande, apunta a irreconciliable.Tampoco marchan bien los indicadores sobre reducción de la pobreza en los hogares indígenas. Un 60% sigue en esa condición, dicen las cifras oficiales, aunque no sobra decir que 50 mil familias han logrado ser redimidas. Ese es apenas uno de los tantos frentes abiertos en estos días difíciles. En cada uno de ellos, el Presidente paga precio al caudillismo con que ha pretendido manejar el poder y eternizarse en él. El cuadro lo conforman sindicatos y una clase media que siente el peso de los tributos, a los que se juntan movimientos encabezados por sus adversarios, los alcaldes de Quito y Guayaquil. A ellos lo une una causa: cerrarle el paso a la reforma a la Constitución que intenta facilitar una nueva reelección a Correa en 2017, obsesión del mandatario que puede resultar muy cara, para él y para su país.Por ahora, lo único que no se puede cerrar es el camino al diálogo. Pero está cerrado, por lo cual crecerán las protestas de unos y las descalificaciones del Gobierno, empeñado como está en desconocer que si quiere la democracia el relevo y el contraste son más que necesarios.