Diez años después

Hoy puede decirse que la obra de la vía Bogotá - Girardot fue concluida, pero aún no se sabe cuándo terminarán los litigios judiciales, ya sea por demandas de los contratistas o por procesos iniciados por las autoridades. Por eso no es extraño que el recaudador de los peajes sea la Dian, que debió asumir esa tarea para pagarse las enormes cifras que quedaron debiendo los Nulle por concepto de tributos que recaudaron y no le pagaron al fisco, o por otros que no cancelaron.

Hace dos días, los colombianos supieron que la doble calzada de la vía que une a Girardot con Bogotá había sido terminada en su totalidad. Fue un anuncio que recordó los desastres que padece la contratación pública por culpa de la improvisación, la inmoralidad y la falta de compromiso en sacar adelante la infraestructura vial, uno de los grandes enemigos de la competitividad y el progreso de Colombia. La obra de 120 kilómetros de extensión debió ser entregada hace cuatro años. Pero casi desde su adjudicación se vio que lo que había ocurrido era el inicio de un verdadero galimatías en el cual se comprometía el buen suceso. Y que lo real de una licitación llamada de tercera generación, era que el adjudicatario estaba más interesado en el manejo financiero de un negocio en el cual se le entregaron los peajes de la carretera de mayor circulación de toda Colombia y el aprovechamiento de los errores cometidos por el Estado, que en terminar la obra como era el objetivo inicial. Rápidamente, el país supo que en la concesión estaban los señores Nulle. Y que en sus maniobras, que incluyeron desde cuantiosos anticipos hasta la recepción de recursos provenientes de impuestos nacionales, pasando por reajustes con los cuales se pretendía evitar la parálisis de la obra, todo parecía dispuesto para exprimir al erario. En otros términos, la Nación quedó atrapada entre la obligación de terminar la obra y las maniobras dolosas de quienes hoy están presos por sus desfalcos en innumerables contratos con el Estado. Y al desastre, que hasta ahora ha significado un sobrecosto de $350.000 millones sobre el presupuesto inicial de $850.000 millones, contribuyó la falta de una interventoría seria y la permisividad inexplicable sobre el manejo que los contratistas le dieron a los recursos, desde los anticipos hasta los recaudos por peajes que cobraron en la concurrida vía. Y para completar, la actuación de algunos órganos de la Justicia hizo posible que unos particulares, propietarios o no de los terrenos donde se construyó el proyecto, lograran paralizarlos, en una demostración de que en Colombia sí es posible imponer los intereses particulares por encima del interés general. Hoy puede decirse que la obra fue concluida, pero aún no se sabe cuándo terminarán los litigios judiciales, ya sea por demandas de los contratistas o por procesos iniciados por las autoridades. Por eso no es extraño que el recaudador de los peajes sea la Dian, que debió asumir esa tarea para pagarse las enormes cifras que quedaron debiendo los Nulle por concepto de tributos que recaudaron y no le pagaron al fisco, o por otros que no cancelaron. Ahora estamos en las concesiones llamadas de cuarta generación y el Gobierno Nacional ha anunciado una inversión de cincuenta billones de pesos en infraestructura. Es el momento para saber si el país ha aprendido la lección que dejó el descalabro de la carretera Bogotá Girardot que fue construido en el 40% más del tiempo estipulado, costó un 45% por encima del presupuesto, demandó decenas de anticipos no previstos y se convirtió en paradigma de la corrupción.