Desafíos inaceptables

Ya son varios los actos contra la acción de la Fuerza Pública que cumple con su deber de perseguir toda clase de delitos y a sus autores, aduciendo razones que desconocen las leyes y los principios que garantizan el orden en la sociedad. Ante ello hay que reaccionar con transparencia y de manera enérgica, pues allí está la clave del principio de autoridad consagrado en la Constitución Nacional.

La última semana fue abundante en esos desconocimientos que culminan en atropellos contra soldados y policías que cumplen con su deber. El pasado 19 de octubre, un destacamento de soldados pertenecientes a la Segunda División del Ejército fue agredido por encapuchados en una vereda del municipio de Tibú, Norte de Santander, cuando decomisaban un vehículo cargado de petróleo crudo sustraído de manera ilegal del oleoducto. Lo mismo ocurrió ese día en Argelia, departamento del Cauca, cuando una turba de 500 personas atacó a 60 soldados que intervenían un laboratorio para producir cocaína.

El pasado domingo, la asonada se produjo en el municipio de Patía, en el mismo departamento del Cauca. 80 personas atacaron un destacamento de soldados y policías que había capturado a un cabecilla del ELN conocido por su alta peligrosidad. Como ocurrió en las otras ocasiones, los servidores públicos fueron asaltados, retenidos, y el vehículo en el que transportaban a alias Conejo fue incinerado, liberando al detenido, mientras los uniformados actuaron con la prudencia y el respeto necesarios para evitar lo que puede desencadenar una tragedia.

Como en otras muchas oportunidades, esos hechos se han producido en regiones en las cuales hacen presencia grupos del ELN, disidentes de las Farc o integrantes de los grupos de delincuencia y organizaciones de narcotraficantes que adiestran a los manifestantes o presionan a las comunidades para enfrentar a las autoridades legítimas. Son espacios donde la presencia del Estado ha sido precaria, y donde la delincuencia en todas sus expresiones se asienta para imponer sus intereses y ejercer la violencia.

Pero, ante todo, son desafíos a la Constitución que no pueden ser aceptados. Y un atentado de la delincuencia y de los grupos criminales que debe tener respuestas precisas para evitar que sus fechorías queden en la impunidad, y que su poder sobre las comunidades asentadas en territorios alejados se mantenga sobre la base de la violencia y la reacción a los funcionarios que actúan en defensa de la sociedad.

El nuestro es un Estado Social de Derecho basado en la democracia y en el respeto a la ley como garante de la convivencia y de la paz. Por ello debe quedar claro que en Colombia rige un orden jurídico el cual debe ser respetado por todos los residentes en el país, y que no hay ni pueden existir territorios vedados para la autoridad, o que los delincuentes pueden actuar a sus anchas con el respaldo de las asonadas y los atentados a la Fuerza Pública.

Más aún cuando la delincuencia y la ilegalidad pretenden escudarse en los Derechos Humanos y en el respeto que demuestran los soldados y policías, para mantener sus imperios de violencia.
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