Desafío inaceptable

La escena se repite con frecuencia, aunque ya cambiaron los términos de sus autores. Es la toma de la vía Panamericana que une al sur con el resto de Colombia, el instrumento de los líderes indígenas para presionar negociaciones que culminen en compromisos del Gobierno Nacional, en muchos casos, imposibles de cumplir.

Ahora, a los dirigentes del Consejo Nacional Indígena, Cric, ya no les parece suficiente que al Cauca haya llegado la delegación encabezada por la Ministra del Interior con el propósito de establecer el diálogo y fijar un camino que evite las vías de hecho. Por el contrario, lo que han hecho es exigir la presencia inmediata del Presidente de la República y ordenar el bloqueo de la carretera más importante para comunicar la que hoy es una de las zonas con más problemas y necesidades de Colombia.

Son las vías de hecho que nada tienen de democráticas, para obligar al Estado a transar con sus autores. Una costumbre que han padecido todos los presidentes en los últimos cuarenta años, mientras se producen confrontaciones obvias con las autoridades obligadas a impedir esas tomas ilícitas y los habitantes de toda la región padecen las consecuencias. Después se genera el reclamo por los derechos de los manifestantes, aunque se desconoce a propósito el orden constitucional y los derechos de los millones de colombianos que son perjudicados por la toma.

Es de esperar que el presidente Iván Duque haga su aparición ante quienes han organizado la minga para exigir su presencia. Y, como en las innumerables oportunidades que ha debido experimentar el suroccidente colombiano, se producirá un acuerdo plasmado en un documento en el cual se adquieren compromisos o se entregan prebendas a quienes han hecho de esa práctica un eficaz instrumento de presión, así se acumulen por años los incumplimientos de los gobiernos a concesiones en muchos casos imposibles de realizar.

Por supuesto, la Cric debe protestar por ese abandono y como vocera de las comunidades indígenas está en la obligación de buscar el bienestar de sus representados. Pero esas tomas son un desconocimiento de las normas y de los canales que siempre han estado abiertos para escuchar los reclamos en muchas ocasiones justos de las etnias en el Cauca. Y se convierten en una incitación a la violencia, además de una clara manipulación del derecho a la protesta social cuando se acusa a las autoridades de violaciones a los derechos humanos cunado ejercen su deber de restaurar el orden.

Ya es hora de acabar con esa costumbre de pasar por encima del ordenamiento jurídico y de usar la protesta para extorsionar a los Gobiernos, sin importar el daño que se le causa a toda la Nación, sobre todo a quienes más lo necesitan. Además de otorgar un tratamiento especial a las comunidades indígenas en todas sus instituciones, Colombia ha dado suficientes muestras de buscar soluciones mediante el diálogo y usando los canales que corresponden.

Por ello, las tomas que están ocurriendo en la carretera Panamericana son un desafío a la concordia y a la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país.
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