Desafío a la legalidad

"Con razón, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión inmediata del señor Valderrama, de sus subgerentes administrativo y financiero y de su directora jurídica. Es la manera de impedir que obstaculicen las investigaciones que se adelantan sobre las graves irregularidades que han denunciado tanto la Administración Departamental como los medios de comunicación".

Como si las actuaciones de las autoridades y las decisiones de los accionistas y propietarios de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle no tuvieran validez o importancia, su administración continúa empecinada en disponer de la empresa. Una conducta que ya dejó de ser irregular para transformarse en un desafío a la legalidad, por lo cual se requieren decisiones más drásticas en defensa del patrimonio de los vallecaucanos. De manera terca y arrogante, el gerente de Acuavalle, señor Iván Alberto Valderrama, se ha negado durante dos meses a inscribir en la Cámara de Comercio el acta que cambia la Junta directiva de la entidad. Es decir, desconoce en forma olímpica la decisión tomada por la inmensa mayoría de las acciones en que está dividido el capital de una sociedad anónima. Y ahora, en una pirueta jurídica, un juez civil de Cali ordena suspender la aplicación de ese cambio, lo que vuelve a dejar en el aire un acto soberano y legítimo realizado con todo el rigor por la Asamblea General de la entidad. Y mientras esas cosas ocurren, se acerca el primero de julio, fecha en la cual entrará en vigor la ley que congela la nómina de las entidades públicas. Antes de ello, la administración de Acuavalle habrá nombrado a quienes vienen debidamente recomendados por un partido político, el PIN, y por el anterior gerente de esa entidad. Con razón, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión inmediata del señor Valderrama, de sus subgerentes administrativo y financiero y de su directora jurídica. Es la manera de impedir que obstaculicen las investigaciones que se adelantan sobre las graves irregularidades que han denunciado tanto la Administración Departamental como los medios de comunicación. Es que el Valle necesita aclarar, y reversar si es del caso, los hechos que se han producido en Acuavalle durante los tres años anteriores. Hechos como el haber firmado un contrato leonino para realizar obras que puede y debe adelantar la entidad, poniendo en peligro la estabilidad de la empresa, el cual fue aprobado contra la oposición del Gobierno Departamental. O contratos como los firmados en los departamentos de la Guajira y Córdoba, de los cuales se han destapado graves irregularidades en el manejo de recursos. Y como los celebrados para renovar las redes de alcantarillado en la zona industrial de Yumbo, en los cuales se entregaron enormes anticipos que fueron cobrados en efectivo por los contratistas, mientras las obras están paralizadas.Son demasiadas las irregularidades y los excesos en Acuavalle, al punto en que sus funcionarios protestan contra lo que está aconteciendo. Ahora, cuando se sabe que el Plan Departamental de Aguas está en la incertidumbre precisamente por las actuaciones poco claras de la administración de la entidad, es el momento para exigir que las autoridades hagan cumplir las medidas tomadas por la Procuraduría y la Junta Directiva. Ni el Valle ni las autoridades pueden seguir permitiendo la escandalosa y retadora conducta de quienes manejan una entidad pública como si fuera su propiedad privada.