Decisiones necesarias

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Decisiones necesarias

Marzo 02, 2021 - 11:55 p. m. Por: Editorial .

Ante la creciente amenaza del narcotráfico y la minería ilegal, así como la necesidad de defender al país y a los colombianos de ella, el Gobierno Nacional creó un comando compuesto por siete mil hombres de la Fuerza Pública que enfrentará esos males. Es un paso más que junto con el regreso de la fumigación de los cultivos ilícitos debe lograr el retorno de la legitimidad y la erradicación de esos crímenes que destruyen el Estado de Derecho.

Quienes se oponen a esas medidas aducen que la guerra contra las drogas está perdida. Y que se deben tomar alternativas como la legalización, además de reclamarle al Estado que negocie con los grupos que, como el Eln, las Farc y ahora sus disidencias, los carteles mexicanos y los grupos de delincuencia desperdigados por la geografía nacional, se lucran de unas actividades con las cuales destruyen el medio ambiente, asesinan, arrasan con los Derechos Humanos y se pone en riesgo la salud de millones de seres humanos en Colombia y en todo el planeta.

Pero resulta que legalizar no es una decisión exclusiva de nuestro país, sino de toda la comunidad internacional. Y está claro que la permisividad que calificó como políticas a las organizaciones que lo explotan, terminó por inundar al país de coca, mientras la minería ilegal se convirtió en jugoso renglón para financiar el crimen, llenando de violencia a regiones como la Costa Pacífica, el sur del país y la extensa frontera con Venezuela. Hoy, Colombia está en el centro de la atención mundial por el crecimiento de esas actividades que se reflejan en el aumento de la producción de cocaína y del contrabando de oro.

Por ello es más que necesario que el Estado reaccione contra el imperio criminal que se ha ido tomando muchas regiones, causando a su vez la pobreza y el desplazamiento de miles de colombianos. Está demostrada la necesidad de enfrentar lo que sin duda es el gran enemigo de la tranquilidad en la gran mayoría de las regiones de nuestro país, azotadas por la violencia que generan las organizaciones que desafían la misma democracia.

Es la razón para respaldar el uso de la fuerza legítima para recuperar los territorios víctimas de la guerra de esas organizaciones criminales. Por supuesto, debe ser un brazo del Estado que actúe con respeto y acatamiento de las leyes pero sin contemplaciones ante el poder y las amenazas de los dueños del narcotráfico y de la minería ilegal.

Valga la oportunidad para recordar que esta es una lucha que recibe poca ayuda de los países consumidores de drogas ilícitas, o de aquellos en los cuales se lavan los inmensos recursos que producen esos infernales negocios. Además, Colombia se queda con las acusaciones y la mala fama, mientras hace carrera el intento por deslegitimar el esfuerzo de nuestros soldados y policías por combatir esos delincuentes, los verdaderos autores de la violencia.

Frente a esos hechos, es necesaria la decisión de crear ese comando, así como la posibilidad de reanudar las fumigaciones cumpliendo los requisitos que fijó la Corte Constitucional. Negarse a ello sería una ingenuidad imperdonable.

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