Decisión tardía

Decisión tardía

Septiembre 09, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Ahora, el país se verá enfrentado a una nueva polémica. Es la posibilidad de que el exprocurador Ordóñez use esa decisión para demostrar que en Colombia no hay una independencia de poderes ni la Justicia es neutral en el proceso político. Además, lo ratificaron como candidato a la Presidencia de la República, campaña que ya está en pleno desarrollo.

Tres años y seis meses después de presentada la demanda contra la reelección del hasta ayer Procurador General de la Nación, el Consejo de Estado decidió declarar su nulidad. Más allá de poner en duda el fallo o la facultad de esa entidad para actuar de esa manera, queda una mala sensación, otra más, sobre la forma en que actúan los órganos judiciales en la guarda de la ley. La presunción de buena fe que debe rodear a quienes aplican la Justicia no permite afirmar que la decisión tomada por la mayoría del Consejo de Estado tiene motivaciones políticas. Pero no evita reconocer que ella tendrá consecuencias de este tipo. En primer término, porque vuelve a cuestionar la capacidad de los órganos judiciales para resolver asuntos tan cruciales para la credibilidad del Estado como la permanencia de un Procurador cuya investidura estaba en duda. Luego aparece el hecho de que era muy fácil cruzar la nómina de la Corte Suprema de Justicia, entidad que postuló al doctor Alejandro Ordóñez, con la de la Procuraduría, para constatar si existía el impedimento que reconocen ahora para anular la elección. Por eso queda en el aire el cuestionamiento sobre la actuación de quienes deben acatar el principio de la recta y cumplida justicia como la mejor herramienta para mantener la credibilidad de la misma. Pero el efecto político más importante es aquel que se produce en la coincidencia de las fechas de la anulación decretada el pasado miércoles y el desarrollo que tiene el debate sobre el plebiscito para aprobar o no el acuerdo celebrado en La Habana para la terminación del conflicto con las Farc. Se sabe que el principal opositor del Gobierno y del mismo acuerdo es el procurador Ordóñez, quien ha hecho lo que está a su alcance para hacer valer su criterio contra lo acordado, y para tratar de impedir que los funcionarios y el mismo Gobierno adelanten la campaña por el SÍ. Entonces, no puede ser más desafortunado que la votación final se produzca en medio de la campaña por el plebiscito. Si bien es indiscutible que el Procurador y sus abogados hicieron hasta lo imposible por dilatar la decisión mediante recusaciones y solicitudes, también es claro que los Magistrados pudieron actuar antes con mayor decisión para detener esa estrategia. O tomar la decisión después del referendo, así como demoraron más de tres años en tramitar la demanda. Ahora, el país se verá enfrentado a una nueva polémica. Es la posibilidad de que el exprocurador Ordóñez use esa decisión para demostrar que en Colombia no hay una independencia de poderes ni la Justicia es neutral en el proceso político. Además, lo ratificaron como candidato a la Presidencia de la República, campaña que ya está en pleno desarrollo.Sin duda, las decisiones de la Justicia son para acatarlas, así no se comparta su contenido. Esa es una de las reglas de juego que permiten mantener la credibilidad de las instituciones y la confianza de los gobernados en sus autoridades judiciales. Pero, para evitar sospechas que hacen daño a la democracia, no sobra advertir que ella debe ser cumplida en los términos que fija la Ley.

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