Debate necesario

Debate necesario

Marzo 27, 2018 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Ciento diez billones de pesos, casi la mitad del presupuesto nacional, es la suma de la cual dispone el Gobierno cada año dirigida a mejorar la situación de los colombianos con más limitaciones. Y frente a ellos, el país sólo se entera de los problemas en su administración cuando se presentan los escándalos o cuando, como ocurre ahora, funcionarios como el Contralor General de la Nación lanzan alarmas sobre su utilización.

Los subsidios han sido justificados bajo la premisa de que el nuestro es un país con grandes desigualdades que deben superarse a través de la intermediación del Estado, en especial, del Ejecutivo. De ahí se desprenden medidas como el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, Sisbén, que en teoría identifica a quienes tienen derecho a los recursos que se recaudan vía impuestos.

La pregunta que siempre se ha hecho, y casi nunca tiene respuestas claras, es si ese enorme poder de mediación tiene los resultados que de él se espera. Y si esa labor, una de las claves para resolver los problemas de atraso y de pobreza, se cumple con la transparencia y la eficacia que se requiere.

Por las palabras del contralor Edgardo Maya al instalar en la Universidad de los Andes el Seminario ‘Subsidios y eficiencia del gasto’, se puede deducir que esas preguntas no tienen una respuesta satisfactoria. Y por el contrario, de acuerdo con las voces que con frecuencia se escuchan desde el Departamento de Planeación Nacional, se presentan graves problemas en el Sisbén, la base para repartir esos recursos.

La preocupación crece cuando con frecuencia se denuncian los escándalos de corrupción, producidos por el mal manejo de recursos que deberían ser sagrados y su administración transparente. También se incrementa cuando debe reconocerse que en ellos está el origen del clientelismo que nace cuando la política mal entendida se usa para intermediar entre los recursos públicos y el ciudadano que los requiere, llegando a generar corrupción y a crecer la exclusión social.

Al otro lado del problema están las personas y las empresas que pagan sus impuestos. Son los contribuyentes que deben tributar para que se puedan combatir los fenómenos que hacen de Colombia uno de los países con mayor inequidad del planeta. Con razón, ellos reclaman transparencia, eficiencia y ética en el manejo de los recursos que, se supone, son de toda la Nación, así los administren los gobiernos de turno y sean auditados por toda suerte de entidades de vigilancia, incluido el control político del Congreso de la República.

No debe olvidarse que el nuestro es uno de los países con mayor carga impositiva, y que en ello incide la interferencia de la corrupción el clientelismo y la ineficiencia. Y que, a su vez, esa carga que ocasiona el despilfarro es incrementada por la tendencia a la evasión de quienes deben pagar los tributos, por lo menos aceptada por el Estado.

Por supuesto, las palabras del Contralor deben causar alarma y la discusión sobre los enormes subsidios que reparte el Estado debe ser amplia y suficiente. Allí está uno de los fundamentos de la democracia y de la construcción de la equidad.

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