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De interés nacional

Sea cual fuere el resultado del proyecto, lo cierto es que con él se ha destapado en toda su extensión el enfrentamiento de los jueces con el Ejecutivo y el Legislativo, causado por ambiciones políticas de quienes pretenden implantar el gobierno de los jueces, por actuaciones como la persecución a la parapolítica, por la lenidad de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en la instrucción de procesos contra los funcionarios que gozan de fueros especiales.

21 de marzo de 2012 Por:

Sea cual fuere el resultado del proyecto, lo cierto es que con él se ha destapado en toda su extensión el enfrentamiento de los jueces con el Ejecutivo y el Legislativo, causado por ambiciones políticas de quienes pretenden implantar el gobierno de los jueces, por actuaciones como la persecución a la parapolítica, por la lenidad de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en la instrucción de procesos contra los funcionarios que gozan de fueros especiales.

Arrancó la Legislatura, y con ella se abren las discusiones de tres iniciativas de gran importancia para los colombianos. De esos proyectos dependerá en gran parte la definición que tengan asuntos cruciales para la marcha del Estado. El primero de ellos es la reforma a la Justicia. Lista para iniciar los cuatro últimos debates, la iniciativa ha causado grandes controversias y tiene sus principales oponentes en las propias Cortes. O más preciso, en muchos de los magistrados que la integran, quienes alegan que el proyecto implica el despojo de atribuciones como la elección del Fiscal, y la intervención del Ejecutivo en sus fueros exclusivos al establecer la presencia de miembros del Gobierno en el organismo que reemplace al Consejo Superior de la Judicatura. Sea cual fuere el resultado del proyecto, lo cierto es que con él se ha destapado en toda su extensión el enfrentamiento de los jueces con el Ejecutivo y el Legislativo, causado por ambiciones políticas de quienes pretenden implantar el gobierno de los jueces, por actuaciones como la persecución a la parapolítica, por la lenidad de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en la instrucción de procesos contra los funcionarios que gozan de fueros especiales. Y cómo negarlo, por la polémica entre la Corte Suprema y el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, cuyas damnificadas han sido la institucionalidad y la credibilidad del Estado colombiano.Dentro de ese proyecto está un artículo que establece las condiciones del Fuero Militar y el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública, incluido por el Gobierno con posterioridad a la presentación de la iniciativa. Ahora, el mismo Gobierno decidió cambiar ese artículo por un proyecto completo realizado por especialistas en la materia, lo que genera reservas y rechazos entre la coalición oficialista. El porqué de esa oposición trasciende la explicación que se da, basada en la urgencia de atender el justo reclamo de los estamentos militares para que se precise el ámbito de aplicación de una jurisdicción necesaria en cualquier democracia. Y no parece ser suficiente que esa urgencia se base en que ya se ha recorrido un camino importante, por cuanto el artículo ya fue aprobado en la primera vuelta. A nadie puede escapársele que existe una alta probabilidad de que sea declarado inconstitucional por no tener la unidad de materia que exige la ley, en un proyecto referente a la Justicia Ordinaria.En tercer término estará la reforma tributaria que ha anunciado el Ministro de Hacienda. Calificándola de un acomodo y no un cambio que implique el aumento de los impuestos, los voceros del Gobierno han insinuado modificaciones que empiezan a generar expectativas y preocupaciones en los inversionistas, en los sectores productivos y en los contribuyentes. Cómo serán los cambios y cuál será su impacto en el crecimiento económico y la generación de empleo es la gran inquietud. El Congreso tendrá también la responsabilidad de atender otros asuntos de interés para la Nación. Pero desde ya puede decirse que esos tres temas dan la medida de la importancia que tiene la legislatura que se inicia.

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