De Herodes a Pilatos

"Por supuesto, se puede argumentar que en Cali se presentan unas cifras de delincuencia juvenil de proporciones peligrosas. Pero eso no es nuevo, ni puede servir de disculpa para que el Estado deje de aplicar los correctivos que se requieren para tratar de rescatar a esos menores del ambiente que los ha llevado a cometer las infracciones".

¿Quién debe responder por los sitios de reclusión de menores en Cali? La pregunta, que parece tener una respuesta obvia, nace de registrar el lamentable estado en que se encuentran los que deberían ser parte principal de las políticas de redención para los jóvenes que han cometido delitos y hoy son marginados de la sociedad en lugar de hacer esfuerzos para integrarlos. Sin duda, Cali tiene unos índices muy altos de delincuencia juvenil. Según la Comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia, mientras en el 2013 ingresaron 2010 adolescentes al sistema, acusados de múltiples delitos, la cifra del año pasado llegó a los 2009. Frente a ellas, el sistema sólo tiene 705 cupos disponibles. El resultado es el hacinamiento, así se usen recursos como permitir que paguen las penas en sus casas, a pesar del riesgo que eso implica, y de la pérdida que significa el no poder ofrecerles una posibilidad de convertirse en ciudadanos de bien.Y se produce otra consecuencia aún más alarmante: como los dos centros de rehabilitación no pueden recibir más jóvenes, se ha hecho uso del centro transitorio, lugar de paso donde los menores sólo deberían estar un máximo de dos días. Así, donde apenas caben cinco personas hay alojadas veintidós, en condiciones infrahumanas, muchas de las cuales permanecen treinta días o más, que deben dormir en el suelo, no tienen condiciones higiénicas y algunas no tienen qué comer. Es un cuadro dantesco, que ya completa más de un año sin solución a pesar de las denuncias que continuamente se hacen sobre el delicado asunto.Como lo registró el informe publicado por este diario, la capitán Marcela Narváez de la Policía Metropolitana afirmó que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes está colapsado. Es decir, que con los recursos que cuenta es imposible atender el problema. Por supuesto, se puede argumentar que en Cali se presentan unas cifras de delincuencia juvenil de proporciones peligrosas. Pero eso no es nuevo, ni puede servir de disculpa para que el Estado deje de aplicar los correctivos que se requieren para tratar de rescatar a esos menores del ambiente que los ha llevado a cometer las infracciones.Hace meses, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Gobernación del Valle y el Municipio se comprometieron a aportar $22.000 millones para ampliar la capacidad de los centros de rehabilitación y del transitorio. A la fecha no se ha invertido un peso de lo convenido. Y nadie asume la responsabilidad de garantizar las soluciones que esperan los ciudadanos. Por ello, la estrategia de desarticular las pandillas y las bandas que utilizan a los menores para delinquir fracasa, porque los detenidos regresan a las calles a cometer delitos.Si una sociedad aspira a erradicar la violencia, su deber es evitar que los menores caigan en la delincuencia, y rescatarlos del mundo del crimen. Por eso, nada puede justificar lo que está ocurriendo en Cali con los centros que deberían ofrecerles una posibilidad de rehabilitación, pero se han transformado en sitios donde se desconocen sus derechos.