De buenas intenciones

Hace dos meses, el Gobierno Nacional dio a conocer un programa para atender a las regiones y municipios que durante décadas han sido víctimas de la violencia y el abandono del Estado, y en muchos casos han padecido el impacto del abandono y del centralismo oficial.

Haciendo uso de las atribuciones que le otorgó el Acto Legislativo 01 de 2016, conocido como la reforma constitucional para la paz, el presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto ley 893 por medio del cual se crean “los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que permitirán impulsar la presencia del Estado especialmente en las regiones afectadas por la carencia de una función pública eficaz por los efectos del conflicto”. Con ello se da aplicación al acuerdo con las Farc, pero también se reforma de manera importante la relación del Gobierno Central, los departamentos y municipios, y de éstos con las necesidades de sus habitantes.

En síntesis, y con el argumento de que el Gobierno Nacional está actuando para resolver las enormes carencias que padecen las 170 localidades definidos por Planeación Nacional como los más afectados por el llamado conflicto y que muestran los índices más altos de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Sobre esos presupuestos se creó un mecanismo que incluye la participación directa de los ciudadanos y se anunció que se destinarán 129 billones de pesos de los presupuestos públicos durante los próximos veinte años.

Según el decreto citado, la aplicación de los Pdet llevará a remediar el peor efecto de la ausencia del Estado en esas poblaciones. Y la cifra anunciada, equivalente a la mitad del presupuesto nacional del presente año, resolverá los vacíos institucionales causados por la debilidad de los entes locales y regionales para ejercer la soberanía en todo el territorio nacional, y será una nueva transferencia de los recursos nacionales, o incluirá los que municipios y departamentos destinan a la atención de los servicios a su cargo.

Visto desde el optimismo, el decreto marca un antes y un después en la relación del Estado y los ciudadanos de las zonas más abandonadas y más golpeadas por la violencia. Pero debe hacerse claridad sobre lo que significa para la autonomía administrativa de los entes regionales. Y, lo más importante, qué entidades tendrán a su cargo la ejecución de los proyectos que se definan, así como la manera en que se asegurará la permanencia de ellos en el tiempo.

Por supuesto, es imposible oponerse a decreto ley dirigido a mejorar la calidad de vida de los colombianos que viven en esos 170 municipios. Sin embargo, y para evitar frustraciones, es necesario preguntar si eso será realidad. E indagar también qué opinan las autoridades municipales y departamentales, así como los congresistas que representan a las regiones.

Bienvenidos los Pdet como herramienta para acabar con la desigualdad. Para ello, es necesario que el Gobierno Nacional de ahora y los que se elijan en los próximos 20 años, se comprometa a cumplir con un programa necesario para lograr la concordia y el progreso de la Nación.