De bodegas a cárcel

Como ocurrió hace 22 años, las bodegas del antiguo Ferrocarril del Pacífico serán utilizadas como centro de reclusión, con todas sus consecuencias para la ciudad. De nuevo, la improvisación reemplaza las soluciones definitivas para atender uno de los problemas más graves para la seguridad de la ciudad y para la atención de quienes han sido detenidos, están hacinados en las inspecciones de Policía y no tienen las condiciones que debe ofrecerles el Estado mientras les resuelven su situación.

Según dice el secretario de seguridad de Cali, “a la fecha, tenemos más o menos 1500 personas en unas estaciones en las cuales no debería haber más de 300”. Esa situación no es nueva ni sorprende: lleva más de una década y no ha tenido la respuesta que se espera, ante, lo cual, y por paradójico que parezca, la efectividad de las autoridades en la captura de quienes son acusados de cometer delitos de toda clase parece convertirse en un problema y no la solución que requiere una urbe de más de dos millones de habitantes.

Ahora, lo que se va a hacer no es solucionar una falencia que nace de la falta de voluntad de la Nación, como es proporcionar los recursos y construir las instalaciones necesarias para atender a esas personas detenidas. Lo que según se dice es una solución provisional, será trasladar ese hacinamiento a unas bodegas de carga donde no existen las condiciones para su alojamiento, además de demandar un operativo especial de la Policía Nacional para evitar fugas de quienes sean internados allí, y para mantener la tranquilidad en su interior.

Es lo mismo que sucedió en 1998 cuando el inmueble fue adecuado por la Administración Municipal de entonces para la reubicación de los vendedores ambulantes. Y aparecerán otra vez las mismas razones por las cuales la conversión en cárcel de la misma bodega de almacenamiento debió ser revertida. Es una manera absurda de manejar una cuestión sin duda grave y causada por la inexplicable demora del Estado en resolver el problema carcelario de Cali y, en general, de todo el país.

En el 2018, tanto el gobierno departamental como el municipal ofrecieron el lote adyacente a la cárcel de Villahermosa y parte de los recursos para construir un centro de reclusión que resolviera lo que es un riesgo para la ciudad y a la vez un desconocimiento de los derechos de quienes están amontonados en las inspecciones de Policía, algunos en condiciones infrahumanas. Dos años después, el Ministro de Justicia anuncia la destinación de $1500 millones para la elaboración de los planos, sin comprometerse a adelantar la obra que se requiere para darle solución a la ciudad.

En esa gestión está resumida la idea que el centralismo tiene sobre la atención de un problema que es responsabilidad del Gobierno Nacional.
Y que no se soluciona llevando a 1500 personas a una bodega, en medio de la improvisación y sin las condiciones adecuadas para garantizarle a la ciudad que las instalaciones del antiguo ferrocarril no se convertirán en foco de conflictos, de inseguridad o de desconocimiento de los derechos de quienes sean recluidos allí.