Cuidado con las elecciones

Debido a los protuberantes errores cometidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el sistema electoral en Colombia es hoy sujeto de dudas y generador de inquietudes. Ante esa realidad, es de esperar que se reaccione como corresponde para asegurar las garantías y la transparencia que reclaman todos los sectores de la política y de la opinión nacional.

Colombia tiene una tradición importante sobre el buen funcionamiento de los organismos encargados de realizar las elecciones, el conteo de los votos y la información oportuna a todos los ciudadanos. Pero esa tradición sufrió un golpe con lo ocurrido en los comicios del pasado trece de marzo para elegir el Congreso de la República, cuando la propia Registraduría debió corregir los datos sobre votos totales, y sobre la composición del Legislativo.

Así haya pasado el escándalo, todavía existen grandes interrogantes sobre la forma en que apareció más de un millón de votos, quince días después de haberse informado un resultado. Y las explicaciones del registrador Vega no convencieron, al punto en que se produjeron varias demandas y aún hoy no se sabe el resultado definitivo.

Previamente, desde varios sectores se lanzaron alertas sobre lo que estaba ocurriendo en la Registraduría con la contratación de una empresa española y los posibles vínculos de ésta con sectores afines a una de las candidaturas en Colombia. La respuesta del registrador Alexander Vega, no exenta de arrogancia, se constituyó en un ejemplo de sordera frente al llamado sobre posibles errores que fue desconocido. Lo ocurrido después demostró que varias de esas inquietudes tenían fundamento.

Esa situación puso en tela de juicio a la Registraduría, llevando a no pocos pedidos para que su director fuera apartado de su cargo o se nombrara un registrador ad hoc que se encargara de devolverle la confianza. Debe recordarse que Colombia está inmersa en la realización de las dos vueltas para elegir su próximo presidente, en medio de una de las campañas más arduas y polarizadas de los últimos tiempos.

Si bien esa solicitud no fue acogida, la respuesta por ahora ha sido establecer varios mecanismos de vigilancia, renovar la nómina de los jurados de votación y cambiar algunos aspectos de la información que debe entregarse a cualquier ciudadano que la solicite y no solo a los medios de comunicación. Pero sigue existiendo una atmósfera de desconfianza que se expresa con el frecuente reclamo de las campañas involucradas en el certamen, así como las voces de dirigentes y personalidades del acontecer nacional.

Ante esa realidad, el Estado en su conjunto y no solo el registrador, debe asegurarles a todos los colombianos que las elecciones presidenciales se realizarán con la transparencia, la rapidez y la eficacia que han sido tradicionales en el país. Que no existe posibilidad de que la firma que genera inquietudes y a la cual le otorgaron un jugoso contrato tenga la facultad de intervenir en el resultado de los comicios, y que todos los ciudadanos podrán ejercer su derecho a elegir sin los temores que despertó el manejo de las elecciones del 13 de marzo.