Cuestión de prioridades

A pocos días de aprobar el presupuesto de Cali para el 2021, en el Concejo Municipal y en varios sectores de la comunidad caleña hay preocupaciones sobre lo que va a pasar con la inversión en seguridad.
Son reacciones sustentadas en cifras que merecen la reflexión de las autoridades y la respuesta efectiva a lo que debe ser prioridad en el gobierno de la ciudad.

Además del documento que establece la manera en que se usarán los recursos públicos, el presupuesto de una entidad como el municipio es un mensaje sobre lo que será la actividad de las autoridades frente a las necesidades de la sociedad que los ha elegido como sus gobernantes y administradores. En el caso de la seguridad, una de las razones que justifican la existencia del Estado, con él se definen los lineamientos que el gobierno actual sigue frente a lo que es uno de los más graves problemas de la capital vallecaucana.

Y la conclusión no puede ser más alarmante. Según se conoce, en el 2020 el municipio solo ejecutará el 75% de los $74.000 millones incluidos en el presupuesto, es decir, $19.000 millones menos. Y el asignado para el 2021 arrancará con una reducción de $25.000 millones con respecto al vigente en el presente año, el 33% menos de lo que se presupuestó en el año que termina.

Entre tanto, los homicidios ya superan los 920 y su cifra total va camino de rebasar el número de esos casos durante el 2019, no obstante el estricto aislamiento social de seis meses que debió aplicarse para enfrentar la amenaza del Covid-19. Es decir, mientras crece la amenaza de la delincuencia organizada y la ciudadanía expresa sus temores ante los frecuentes atracos y robos que se registran, el municipio parece reducir su compromiso con uno de los más graves problemas de Cali.

El gobierno municipal aduce la caída de los ingresos locales como razón principal para disminuir la ejecución del presupuesto destinado a seguridad. No obstante, promueve con energía y entusiasmo el gasto por $23.000 millones en una feria virtual y en un alumbrado rodante, mientras acelera su empeño en construir un centro de negocios en el estadio Pascual Guerrero y un centro de bienestar animal, proyectos que significarán la erogación inmediata de otros $25.000 millones.

Ese no es un buen mensaje para la comunidad caleña pues da a entender que su gobierno está comprometido en acciones que si bien pueden parecer importantes no responden a las necesidades y los reclamos de los dos y medio millones de personas que viven en esta ciudad. Y crea confusión, ya que pareciera que la administración local va por un lado mientras la amenaza de la violencia y de la inseguridad ciudadana va por otro, creciendo de manera incesante como lo muestran las cifras que se registran.

Eso es lesivo para una comunidad que necesita recuperar su confianza, en medio de la pandemia que ha causado estragos en la capital vallecaucana. Es lo que justifica el reclamo para que se establezcan prioridades entre las cuales la seguridad y el combate a la delincuencia encabezan la lista.

Ojalá, el alcalde Jorge Iván Ospina escuche el reclamo por su seguridad que le hace la ciudadanía de Cali.