Cuestión de confianza

Unas elecciones en las cuales aparece el 7% de los votos después del reconteo ratifican que algo muy preocupante debe estar ocurriendo en el sistema creado para dar fe de la voluntad de quienes ejercen el derecho al voto. Por eso, y ante la importancia de las que siguen para escoger el Presidente de la República, deberían tomarse las medidas que sean del caso para evitar que la duda afecte la credibilidad de la democracia colombiana.

Con frecuencia, y después del certamen del pasado 13 de marzo, los hallazgos sobre posibles irregularidades o de votos no contabilizados demuestran que algo está sucediendo en el proceso electoral manejado por la Registraduría Nacional del Estado Civil como notario que da fe sobre los resultados en las urnas. Por ejemplo, y según el registrador Alexánder Vega ya no son 500.000 sino 1.026.000 los votos que no aparecieron en el preconteo que él mismo informó en la noche de ese 13 de marzo.

Es decir, las inconsistencias ascienden al 7% de lo anunciado con euforia por la Registraduría que reclamó una especie de triunfo por su rapidez en realizar el conteo y entregar sus informes. Antes, el funcionario decía que no había motivo de alarma por un posible fraude, no obstante que el primer hallazgo cambió en forma importante la configuración del Senado de la República al adjudicarle cuatro curules más al Pacto Histórico, en detrimento de los demás partidos.

Ahora, Vega afirma que aparecieron 500.000 votos más, sin que, esta vez, se altere la composición del Congreso. Y ahora sí, habla de actuaciones sospechosas y delincuenciales en las mesas de votación, dirigidas a alterar los resultados. “Se corroboró que 23.000 formularios fueron mal diligenciados por los jurados de votación. Además, encontramos que, en 5.109 mesas se demuestra un posible dolo, porque además de diligenciar los formularios de manera equivocada, hubo tachones de las votaciones de los candidatos”, afirmó el funcionario en una entrevista radial.

También dijo que ya tienen identificados a los jurados que cometieron las faltas por mal diligenciamiento de formulario E-14 y en la votación de los candidatos, donde se evidenció que tacharon las cifras. En otros términos, ya está hablando de fraudes, lo que arroja más sospechas sobre el certamen electoral, en lugar de despejar los interrogantes que aparecieron aún antes del mismo.

Las declaraciones del Registrador son pues motivo de inquietud que exigen la actuación de la Justicia y lo órganos de control para devolverle confianza al sistema electoral. Y empiezan a respaldar las dudas sobre sus actuaciones frente al organismo en el cual está depositada por la Constitución la responsabilidad de garantizar las elecciones, sin importar quiénes sean los participantes.

Desde antes del 13 de marzo aparecieron cuestionamientos a la labor del registrador Vega y hay pedidos para que sea reemplazado en la realización de las próximas elecciones. Sin embargo, lo importante es que el Estado en su conjunto actúe con celeridad para evitar que se repitan las dudas y las sospechas sobre la transparencia que requiere la democracia colombiana.