Crece el enemigo

El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, sobre los narcocultivos y la producción de drogas ilícitas en Colombia durante el 2017, causa alarma. Y debe llamar a preguntar qué va a hacer el país para combatir un enemigo que crece, aprovechando la presencia de factores que lo favorecen, aunque no sea esa la intención.

Según esa Oficina, nuestro país llegó a las 171.000 hectáreas sembradas de coca, un 17% más que en el 2016, confirmando una tendencia iniciada en el 2014 que ha llevado a un crecimiento promedio del 45% por año. Por ello, la producción de hoja de esa planta, la materia prima del negocio más dañino para nuestra nación, alcanzó las 931.000 toneladas métricas, aumentando en casi todas las regiones en las que el estudio dividió al país, y destruyendo un 24% más de áreas de bosques y zonas de reserva forestal.

El resultado para el narcotráfico ha sido más que rentable, aunque el precio de la hoja ha bajado en un 28% y el de la cocaína el 11% por el crecimiento de la oferta, la producción de esta última llegó a las 1379 toneladas, de las cuales se han incautado 435 toneladas. Es decir, un negocio próspero y en expansión que se riega con fuerza por todo el territorio, incluyendo al Valle, donde su crecimiento es del 68% en un año.

Las cifras hablan por sí solas de lo nocivo que ha resultado el relajamiento de la actividad oficial para combatir lo que ha sido el peor enemigo de la institucionalidad, de la paz, de la democracia y de la reputación de nuestra Nación. Y de la manera en que las propuestas por lo menos ingenuas de ofrecer recursos esperando la erradicación voluntaria, han sido utilizadas para expandir la siembra, sin que sus resultados sean equivalentes.

Y viene otra parte largamente discutida y pobremente resuelta. A pesar del daño que los cultivos ilícitos causan en nuestra sociedad, a pesar de ser el alimento de un negocio ilícito que según la Unodc mueve billones de pesos, medidas como la fumigación siguen suspendidas y a la Fuerza Pública le toca ingresar a los territorios afectados para combatir la innumerable cantidad de grupos armados que se disputan el negocio, incluidos ya los carteles mexicanos.

El efecto es el incremento de la criminalidad en vastas regiones como Tumaco, el Pacífico o el Catatumbo, mientras que el Estado muestra sus dificultades para ejercer la autoridad. Pero, además, las calles de los centros urbanos se ven inundadas de lo que se llama el ‘microtráfico’, la forma de denominar un consumo creciente que conlleva a las guerras de pandillas y de organizaciones que se disputan la venta a estudiantes, menores y cualquiera que desee acceder a ello, protegido por las decisiones judiciales que garantizan “el libre desarrollo de la personalidad”.

Ya es hora entonces de acabar las discusiones inconducentes y de actuar contra un enemigo letal, que hace veinte años puso a temblar la vida de nuestro país. Ahora, su poder se ha multiplicado y sofisticado, mientras la amenaza crece. Es el momento para aceptar que el bien común debe primar sobre el narcotráfico en todas sus formas, y de actuar de conformidad.