Control y educación

Control y educación

Octubre 05, 2018 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

A las autoridades nacionales hay que darles todas las herramientas necesarias para que controlen la deforestación. Sin embargo, más que leyes nuevas se necesita tener decisión política para hacer funcionar las que ya existen y para educar a los colombianos en la protección de sus recursos naturales.

Hay razón para estar preocupados. Las cifras demuestran que en vez de disminuir, como se ha comprometido el país, la tala de bosques y selvas ha aumentado de forma vertiginosa en los años recientes, tanto que si en el 2016 se contabilizaron 178.000 hectáreas deforestadas en todo el territorio nacional, para el 2017 ese número llegó a 220.000.

La Amazonía sigue siendo la región más crítica: allí se pierden cada hora 10 hectáreas de bosques, lo que representa el 65 % del total nacional. Mientras tanto, este año el 47 % de las alertas tempranas de deforestación se han dado en el Pacífico, la mayoría en el departamento del Chocó y otras más en el sur del país.

Detrás de esa máquina depredadora que arrasa todo a su paso hoy están el narcotráfico y la minería ilegal, sin desconocer el daño causado por las actividades agropecuarias que no respetan las fronteras establecidas para proteger las reservas naturales. La expansión de los cultivos ilícitos se ha hecho a costa de los bosques e incluso dentro de los Parques Nacionales protegidos, donde la explotación minera ilícita también ha dejado estragos, devastado cuencas o envenenado las fuentes de agua.

Cuando se ve ese panorama desolador sumado a la escasa efectividad de las acciones emprendidas por las autoridades, se entiende por qué se tramitan en el Congreso de la República tres proyectos de ley para dotar al Estado de instrumentos adicionales que permitan ejercer un control más eficiente. Las pretensiones son loables; el del Gobierno quiere convertir en delito la tala de árboles y que la sanción sea penal; otro más espera que con una nueva legislación se logre la articulación de las 25 entidades encargadas de luchar contra la deforestación, y el tercero está orientado a fomentar la restauración de los ecosistemas afectados.

Las intenciones son loables, pero ya se sabe que solo con leyes no se garantiza el éxito de esta batalla por la protección de la naturaleza. De hecho Colombia tiene una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia ambiental, como se lo reconoce la comunidad internacional, pero los resultados no han sido los esperados, tanto que será imposible alcanzar la meta de cero deforestación para el año 2020, como se comprometió la Nación.

Más que nuevas leyes lo que se necesita es decisión política para aplicar con rigor lo que las normas disponen, así como para entregarles a quienes se encargan de vigilar y proteger el patrimonio ambiental nacional los recursos necesarios para ejercer ese control. Nada, sin embargo, será suficiente mientras no se les enseñe a los colombianos que ellos son los primeros responsables de cuidar y resguardar el bien más importante que les pertenece: la riqueza natural de su país.

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