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Contraloría transparente

El Contralor que se elija debe ser alguien sin mancha, con la autonomía necesaria, el liderazgo y el respaldo que requiera para impulsar las reformas que le den dientes a la Contraloría, para castigar en forma rápida el latrocinio y, ante todo, que impulse la transformación que se necesita para hacer cumplir la función de velar por el patrimonio común de los colombianos.

14 de agosto de 2018 Por: Editorial .

Apenas se inicia el proceso para elegir Contralor de la República, mediante el nuevo sistema, cuando ya llueve la desconfianza sobre lo que está sucediendo. Razón de más para entender que Colombia requiere un mecanismo serio que aparte de las tentaciones partidistas el cumplimiento de una función vital para combatir la corrupción y para defender el patrimonio público.

Sobre la base de cambiar para impedir las tradicionales negociaciones que suman votos y casi siempre se han hecho por favores y cuotas, el país le otorgó un margen de confianza a lo que parecía ser la llegada de la transparencia a esa elección. El que una universidad, con acreditación de calidad, realice la selección de candidatos que competirán por la designación que hará el Congreso, parece un gran paso en el camino de despolitizar una decisión.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar debido a vacíos que crean inquietudes y a la puja que se ha desatado, donde parecen primar intereses que no se compaginan con la necesidad de responder al clamor ciudadano. Preocupa saber que, en la práctica, lo que puede ocurrir es que se impongan los intereses partidistas y las negociaciones que a no dudarlo desvirtúan la función de controlar el manejo de los recursos a cargo del Estado y sancionar a quienes permitan su detrimento, o se los roben.

Es de esperar que el Congreso tome la decisión que más le convenga a la Nación. El Contralor que se elija debe ser alguien sin mancha, con la autonomía necesaria, el liderazgo y el respaldo que requiera para impulsar las reformas que le den dientes a la Contraloría, para castigar en forma rápida el latrocinio y, ante todo, que impulse la transformación que se necesita para hacer cumplir la función de velar por el patrimonio común de los colombianos.

En el foro realizado esta semana por una universidad, en la capital de la república, su rector divulgó una investigación que fija en 189 billones de pesos la suma que se robó la corrupción entre los años 1991 y 2011, y con la cual se hubieran resuelto muchos de los problemas y las desigualdades que existen en Colombia. Allí mismo, el Contralor saliente reiteró su propuesta de acabar con las 63 contralorías que existen en el país, focos de delincuencia protegida por la politiquería que destruyen la credibilidad de las Instituciones.

Son hechos que llaman a la reflexión sobre la importancia de tener entidades libres de clientelismo, capaces de evitar los intentos por desfalcar las arcas públicas y de castigar de manera efectiva y ejemplar a los autores de crímenes que golpean a los sectores más necesitados de nuestra sociedad. Es lo que piden los colombianos y lo que se requiere para lograr su respaldo.

Dentro del mandato que tienen los congresistas, la recuperación de la confianza en el Estado y en el manejo de sus recursos es la prioridad. Por ello, y respetando la autonomía que debe rodear a los legisladores, es de esperar que en la elección que realizarán se ponga el bien común por encima de los intereses partidistas y las ambiciones particulares.

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